La deuda cotizada de las autopistas ha encadenado una importante racha alcista en el mercado de renta fija que le permite contabilizar en los títulos a largo plazo precios no vistos desde hace mucho tiempo. Las referencias con vencimientos a ocho y nueve años vista de Autopista del Atlántico (Audasa), del grupo Itínere, por ejemplo, acumulan una revalorización en el último año de entre el 9% y el 10%. La curva en el precio de este tipo de deuda de elevada rentabilidad, que goza de una singular ventaja en su tratamiento fiscal, se beneficia sin duda de la mejora sustancial de la referencia básica del mercado, el bono a diez años del Tesoro, que cotiza ligeramente por encima del 4%, hecho que ha permitido reducir la prima de riesgo hasta el entorno de los 240 puntos básicos. Pero también refleja o descuenta el punto de inflexión en el consumo, y especialmente en el de combustible, que confirman la recuperación de la movilidad y, en segunda derivada, del tráfico en las autopistas de peaje.
De hecho, la curva descendente de la intensidad media diaria (IMD) de vehículos en las vías de peaje se ha ido aplanando conforme ha ido avanzando el ejercicio de tal manera que la mayoría de autopistas que no presentan desequilibrios económicos, es decir, las más antiguas, presentan ya aumentos de usuarios en los diez primeros meses del ejercicio.
Por el contrario todas las autopistas que afrontan un riesgo de quiebra y que previsiblemente conformarán una nueva empresa pública de autopistas reducen su tráfico. Se trata de las vías más modernas, las de más reciente construcción, que suman unos 536 kilómetros, el 20,8% del total de la red. Esa decena de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra registraron una caída de sus tráficos de entre el 1,5% y el 24,5% en los diez primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2012, según datos del Ministerio de Fomento.
La combinación de la dispar evolución de unas y otras vías de pago provoca que el conjunto de la red, que suma una longitud de 2.568 kilómetros, contabilice una media de 16.300 usuarios diarios en los diez primeros meses, un 5,6% menos que un año antes, cifra muy inferior a la contabilizada al inicio del ejercicio e incluso en el verano. En julio, por ejemplo, el tráfico en las autopistas y túneles de peaje de la Red de Carreteras del Estado registraba una caída del 7,7%.
Por meses, cabe destacar que los flujos más bajos se dieron en enero (12.414 vehículos diarios) y febrero (12.799), mientras que los más elevados fueron en julio (20.575). El tráfico total de las autopistas acumula ya seis años consecutivos de caída.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja contrarreloj para cerrar sin trastocar más las cuentas públicas el rescate multimillonario de esa decena de autopistas con serios problemas financieros. El Ministerio de Fomento quiere solucionar el problema antes de final de año mediante la creación de un holding público que aglutinaría a entre 7 y 9 autopistas de peaje, la mayoría en concurso de acreedores y algunas al borde de la disolución, y en el que los actuales accionistas actuales diluirían su participación al 20%. Se trata de una especie de reedición de la Empresa Nacional de Autopistas, creada en los años setenta al nacionalizar tres autopistas inviables. Esas vías conforman hoy precisamente el grupo Itínere, privatizado a comienzos de la pasada década, y ahora bajo control de Citi.
Este grupo mantiene el privilegio de emitir deuda con un beneficioso régimen fiscal, concedido en su día a la empresa pública. Las filiales de Itínere tienen una importante cantidad de deuda subordinada viva en el mercado que en sus emisiones más recientes ha ofrecido cupones que oscilan entre el 4,75% y el 6%.
De acuerdo con el esquema que plantea ahora el departamento de Ana Pastor y que ahora analiza con lupa el Ministerio de Hacienda, los hasta 4.000 millones de euros de deuda de estas autopistas insolventes computarían como deuda pública, aunque no como déficit, siempre y cuando esta empresa pública consiga cubrir la mitad de sus costes (de explotación y financieros) con los ingresos de su negocio propiamente dicho: los peajes. Sería como una reedición del esquema contable de Adif o Aena.
Es criterio del 50%, como la propia Eurostat establece en su normativa sobre cuentas públicas es imprescindible para que Bruselas bendiga una sociedad pública que estará valorada en unos 600 millones de euros. Este importe dista de los fondos propios de 1.800 millones de euros que desembolsaron los 22 accionistas de las nueve autopistas afectadas.
Capital Madrid.com 02/12/2013
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