"No permitiremos que se traspase la línea roja del peaje más allá del 2021" año en el que concluye la enésima adjudicación de la autopista C-32 a la concesionaria Acesa, ahora Abertis. La frase, lanzada por el alcalde de Mataró, Joan Mora, resume la unanimidad de entidades sociales y partidos políticos de la comarca en lo que, a partir de ahora será la principal reivindicación: liberar a los residente del peaje de la autopista más antigua de España.
Precisamente la presión política y mediática obligó al presidente del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez (CiU), a convocar la reunión de la Comissió de Mobilitat. Una convocatoria que sorprende por llegar dos años tarde, más cuando los municipios de la comarca, a nivel individual ya están inmersos en negociaciones sobre sus problemáticas en cuanto a infraestructuras viarias, para activar los proyectos una vez se supere el contexto de dificultad económica actual.
La comisión, a criterio de la senadora y alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, es "un acto de reivindicación territorial y comarcal" para avanzar en los proyectos pendientes, muchos de ellos ya pactados en la anterior legislatura, con la única excepción de las rondas de Mataró, que debían transcurrir en paralelo a la C-32 que fueron rechazadas tras el cambio de Govern. En el resto de temas: renovación de Rodalies, pacificación de la N-II o mejoras en accesos viarios, la unanimidad ya estaba pactada, por lo que desde las municipalidades esperan "que no volvamos a empezar de cero".
La financiación de proyectos de infraestructuras viarias será otro de los debates a iniciar con el Ministerio de Fomento y la Generalitat. En este caso, renacerá la reivindicación de los 400 millones de euros que el Estado debía aportar a Catalunya, en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatut, para iniciar los proyectos de pacificación de la carretera N-II y su reconversión en una vía urbana. De la cantidad pactada, Fomento sólo aportó 100 millones, pero en este caso, la Generalitat, según admitió en su día un representante de Territori i Sostenibilitat a los alcaldes, se destinaron a cubrir déficits en vivienda social.
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