Pastor replica el modelo Madrid Calle 30 para que las concesionarias no computen como déficit

El Ministerio de Fomento ha decidido meter la directa a su proyecto de creación de la nueva empresa estatal que bajo la denominación social de Autopistas Nacionales integrará todas las concesionarias y radiales en proceso de suspensión de pagos. El último eslabón del proyecto es el estudio de valoración que acaba de ser contratado con la firma de servicios profesionales Ernst & Young. Las constructoras atrapadas en el fiasco de las autopistas esperan como agua de mayo este informe para determinar su posición negociadora con el Gobierno.

El toma y daca que mantienen los reyes del ladrillo con la ministra Ana Pastor sobre la estructura accionarial de Autopistas Nacionales se ha convertido en uno de esos esfuerzos inútiles que sólo conducen a la melancolía. Mientras no se conozcan los detalles económicos de la transacción que ofrece el Ministerio de Fomento es imposible asegurar la conveniencia de las constructoras por sumarse al capital de la nueva empresa: “Y para eso –añaden en fuentes del sector- es fundamental disponer de una valoración en términos absolutos que nos permita saber cómo se llama realmente el proyecto que se nos ofrece”.

La Sociedad Española de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), entidad ministerial encargada del trazado de la operación, ha replicado el mismo diseño empleado en 2005 para la puesta en marcha de la empresa Madrid Calle 30. El célebre plan de soterramiento de la M-30 fue auspiciado desde el Ayuntamiento de Madrid por Juan Alfaro, actual director general de SEITT y cerebro en la sombra de la hoja de ruta de las Autopistas Nacionales.

La clave de bóveda de la futura compañía se asienta en una fórmula de economía mixta o asociación público-privada dentro del marco regulador establecido por la Unión Europea a través de Eurostat. Siguiendo las mismas directrices aplicadas a la carretera de circunvalación de Madrid, el Ministerio de Fomento quiere hacer valer un modelo financiero lo más parecido al 'triple 80/20', entendiendo bajo esta relación el grado general de apalancamiento, la distribución aproximada de recursos propios entre capital y deuda subordinada y, lo más importante, la estructura accionarial o reparto de propiedad entre el Estado y los actuales dueños de las fallidas concesionarias.

La oferta del Gobierno a las constructoras se limita, de entrada, a una quinta parte del proyecto y viene dada a raíz del acuerdo de principio alcanzado por la ministra con los grandes bancos españoles atrapados en las autopistas. El pacto, impulsado con el Banco Santander, BBVA y La Caixa, permitirá la refinanciación de la deuda de las concesionarias integrándolas en Autopistas Nacionales con un pasivo inicial de 4.900 millones de euros. Atendiendo a la citada proporción de recursos propios sobre recursos ajenos cabe pensar que el valor total de la nueva empresa no distará mucho más de 6.000 millones de euros, una cifra situada en el límite bajo de lo que piden las constructoras.

Los estudios de Seopan señalan que las aportaciones del sector a las autopistas fallidas suman 1.800 millones, por lo que la propuesta del Gobierno sólo cubriría dos tercios, 1.200 millones al cambio, de lo que reclaman los reyes del ladrillo. El Ministerio de Fomento está dispuesto, en contrapartida, a reconocer pagos de 500 millones de euros por obras pendiente de cobro. Todo ello en el bien entendido de que las constructoras renuncien a cualquier tipo de litigio en los tribunales.

El perímetro de consolidación de la nueva empresa de Autopistas Nacionales estará formado por las radiales de Madrid, la AP-36 de Ocaña-La Roda, la AP-41 de Madrid-Toledo, la M-12 de acceso a la T-4 del Aeropuerto de Barajas y buena parte de la AP-7 en los tramos de la circunvalación de Alicante, la conexión de Alicante y Cartagena y la de Cartagena con Vera. En última instancia se podría incluir también en el proyecto la Autopista Central Gallega (ACEGA), que une Santiago de Compostela con Orense.

El Confidencial.com 14/05/2013