El gobierno ha decidido crear la que ya se llama la "Autopista Mala", una sociedad que englobará con capital público a las autopistas en quiebra. Dicha "Autopista Mala" agrupará todos los activos tóxicos de estas autopistas (AP-41, AP-36, AP-7 Cartagena-Vera, Circunvalación a Alicante, M-12, R-2, R-3, R-4 y R-5) que serán comprados por el estado por un valor de 608,5 millones de euros, según las últimas estimaciones, aunque la deuda financiera que tienen las concesionarias con los bancos ronda ya los 4.000 millones de euros.
Esta "Autopista Mala", será llamada por el gobierno como "Préstamo en condiciones extremadamente favorables y en diferido", utilizándose así, en lugar de "rescate", un eufemismo absurdo de neolengua que tanto gusta al Partido Popular. Lo doloroso de todo esto, es que todo apunta a que las constructoras que ahora mismo son las concesionarias de estas autopistas en quiebra, están destrás de las donaciones ilegales que el Partido Popular ha estado recibiendo durante años.
Pero al fin y al cabo, les guste o no a los populares, esto será de nuevo un atraco a las arcas públicas, con el consiguiente recorte en servicios públicos (Sanidad, Educación, Dependencia, inmigración, etc). Serán los ciudadanos los que a través de sus impuestos tendrán que sostener unas infraestructuras que nacieron, ¡Qué casualidad!, de los mismos que hoy nos gobiernan y que tan sólo han supuesto un poco más de aire a la burbuja mobiliaria que ellos mismos crearon.
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