Parece ser que las autopistas de peaje construidas en los últimos años, principalmente alrededor de Madrid, están en una situación insostenible.
Ya llevaban tiempo mal, y el Gobierno les concedió un crédito ventajoso
que ahora no pueden pagar (los ingresos no llegan ni para cubrir los
intereses).
El problema principal es que las estimaciones de tráfico fueron
desastrosas. El tráfico real ni se acerca a las estimaciones, y casi
toda la inversión se hizo con deuda, no con capital propio. A esto se le
añade que los tribunales dispararon el precio de las expropiaciones y tenemos el cocktail perfecto del desastre.
¿Cuál es la salida que debe dar el Gobierno? Dejar que quiebren.
Si esto hace que el Estado tenga parte de responsabilidad por las
expropiaciones a precio mayor que el fijado, muy bien, que lo decida un
tribunal. Si esto hace que haya una cadena de impagos a la banca y los
bancos asuman pérdidas, muy bien, ya estamos recapitalizando sus
ruinosos negocios por otro lado. Pero no podemos salvar unas empresas
que hicieron unas estimaciones tan malas.
Una vez que quiebren las autopistas, el Estado debería forzar a los
nuevos propietarios (los acreedores) a que las mantenga en
funcionamiento y con mantenimiento, ya que si una infraestructura de
este tipo se deja desatendida se degrada. Y si los acreedores renuncian a
ella que sea el propio Estado el que la gestione, ya libre de deuda.
Lo que no puede hacerse es dar más dinero público a estas empresas,
por muchas deudas que tengan, y ampliar concesiones (si en 50 años un
negocio no es rentable, no lo será en 100 años). Las autopistas no son
empresas “too big to fail” como el sector financiero, no habrá grandes consecuencias si quiebran.
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