Ya comentamos en anteriores entradas, que la ministra de Fomento, Ana Pastor, al presentar el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024), habló de que se darán más facilidades para el sostenimiento de las autopistas de peaje, con la mejora de las condiciones para evitar que las concesionarias acaben quebrando.
Una de las facilidades es la de dar facilidades a las futuras concesionarias, introduciendo en los contratos de cláusulas flexibles en función de las condiciones económicas del mercado, y ampliando y prolongando en el tiempo las compensaciones económicas. En virtud del sistema concesional actual, las empresas adjudicatarias adelantan todo o gran parte del importe de la inversión necesaria para construir un proyecto. Posteriormente lo recuperan durante el plazo de explotación de la infraestructura mediante el cobro al usuario o a la administración. Ahora, en los nuevos contratos de concesión, se contará con una "diferente asignación de riesgos para facilitar la adjudicación de nuevas concesiones y hacer estos proyectos más atractivos para el capital privado".
Otra ventaja será la de permitir fusionar empresas en quiebra y permitir la entrada de inversores extranjeros. De esta manera, "se modifica la legislación para ajustar la asignación de riesgos a aquellos que realmente sean capaces de gestionar las sociedades concesionarias". De esta manera, el Ministerio se marca el objetivo de elevar desde el 10% hasta el 16% la participación de capital privado en este campo.
Otra de las facilidades será la de las expropiaciones, en la que los propietarios de terrenos disconformes con el justiprecio de las expropiaciones no podrán optar a un sistema de arbitraje en los tribunales, sino que el arbitraje se realizará por vía administrativa. De esta manera el estado podrá evitar las altas cuantías por indemnizaciones que los tribunales hicieron pagar a las concesionarias y, las cuales, son una de las causas que ha llevado a éstas a la quiebra. Con esta otra ventaja, el gobierno busca las futuras concesionarias de la R-1 o del trazado de la AP-41 entre Toledo y Córdoba no acaben como las actuales y que construyan y gestionen estas infraestructuras sin tantos riesgos.
Por último, el Ministerio ha incluido además una partida de otros 200 millones para 2013, aunque las constructoras denuncian que las ayudas de 2012 (289 millones) no se han entregado en su totalidad.
Sin embargo, parece que Ana Pastor descarta poner peajes en las autovías y nacionalizar las autopistas, lo cual además de ser una medida muy impopular para un gabinete ya muy desgastado, habría causado graves consecuencias a la economía y al transporte por carretera del país.
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