Un alto representante de Fomento como es el secretario general de
Infraestructuras, Gonzalo Ferre, trató ayer de calmar las aguas en el
sector de las infraestructuras. El Gobierno está ultimando un plan de
inversión a 12 años vista para el que pide la colaboración del sector
privado, pero al mismo tiempo se muestra incapaz de solucionar la crisis
que atraviesan las autopistas, activo en concesión por excelencia. El
resultado es una profunda grieta que separa a bancos y constructoras de
la Administración. Y es ahí, en pedir paciencia y generar confianza,
donde Ferre incidió ayer durante su comparecencia en la Comisión de
Fomento en el Congreso de los Diputados.
Primero fue el reconocimiento de la culpa. El ministerio afirma que
las medidas articuladas para equilibrar las cuentas de las
concesionarias, como son los créditos participativos y las cuentas de
compensación, se han mostrado insuficientes. Un acto con el que el
Gobierno hace suya la opinión del sector.
Segundo, propósito de enmienda. Ferre aseguró que su departamento
busca otras soluciones para salvar a las autopistas ante la caída de
tráfico. Una declaración que vuelve a abrir margen a las especulaciones.
Fuentes del sector destacan que la solución pasa por fomentar las
fusiones entre las concesionarias en buen estado y las que pasan un
momento crítico a cambio de extensiones de plazo de explotación para las
primeras. En segundo lugar se habla de la necesidad de que sean
nacionalizadas determinadas autopistas (M-12 y AP-41, principalmente). Y
también se reclama la tarificación de las autovías como elemento para
hacer competitivo el pago por uso en las autopistas. De momento, Fomento
no ha dado pistas.
De la decena de concesionarias con problemas de viabilidad cuatro han
tomado ya la vía del concurso de acreedores: las radiales 3 y 5 de
Madrid, la radial 4, la AP-41 (Madrid-Toledo) y Aucosta
(Cartagena-Vera). Una posible liquidación de las sociedades haría que el
Gobierno se enfrentara a la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración (RPA), quedando como acreedor ante la banca que financió
la construcción de estas infraestructuras. La cifra supera los 3.800
millones, al margen de lo que se debe a los dueños de los terrenos
expropiados por los que discurren hoy esas autopistas. Ante esta
amenaza, Fomento ha decidido que los préstamos participativos que vaya
desembolsando para que las concesionarias aborden el pago de las
expropiaciones contabilicen a cuenta de la RPA.
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