A las autopistas de peaje se les
acaba el tiempo. Es más, las concesionarias de la Radial R-4 ya han declarado
el concurso de acreedores, y de ahí a la quiebra sólo hay un paso.
El Ministerio no sabe ya qué hacer,
algo que no nos sorprende, dada la improvisación a la que ya nos han
acostumbrado los sucesivos gobiernos que han pasado últimamente por Moncloa.
Nueve
concesionarias están al borde de la quiebra y cuatro ya se han acogido a
procesos concursales, Madrid-Toledo, la R-4 Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y
la concesionaria de las radiales de Madrid R-3, Madrid-Arganda, y R-5,
Madrid-Navalcarnero.
En un intento que parece ya una
salida a la deseperada, el Ministerio quiere investigar los “desorbitados” (según ellos) importes que
se pidieron por las expropiaciones de terrenos para construir las autopistas de
peaje, tras detectar que se han pagado indemnizaciones a los propietarios de entre
20 y 30 veces superiores a las valoraciones de sus técnicos. El Ministerio está
dispuesto a recurrir dichas esas expropiaciones en los tribunales para que sean
declaradas "abusivas".
Según
el Ministerio de Fomento, este sobrecoste ha sido uno de los principales
factores que ha agravado la crisis de estas vías, junto con el de un tráfico
muy por debajo del previsto.
En
caso de que se llegue a la liquidación, el Estado tendría que hacerse cargo de
parte del coste. Las cuatro empresas concesionarias que ya se han acogido a
procesos concursales, participadas por constructoras y entidades financieras,
suman un pasivo de 2.171 millones y realizaron una inversión de 3.338 millones.
Y es
que muchos de esos terrenos fueron valorados por los tribunales de expropiaciones
como urbanos en aplicación de la Ley del Suelo de 1998, que permitía valorar
los terrenos en función de sus expectativas. Es decir, la misma ley que
facilitó la burbuja inmobiliaria y ese exceso de ladrillo con el que se
enriquecieron las entidades bancarias y del que tanto presumía el presidente
Jose Mª Áznar, se ha vuelto en contra de las concesionarias de las autopistas
que su mismo gobierno aprobó. ¡Qué irónico! ¿Verdad?
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