Las
tarifas han subido más del 10% este año en varias concesiones por la
revisión de precios, la pérdida de subvenciones y el nuevo IVA.
Las
autopistas de peaje en España prosiguen su particular calvario. El
ejercicio difícilmente puede ser peor en términos de tráfico, con una
caída acumulada desde los máximos históricos, registrados en el primer
trimestre de 2007, que supera el 30% de media. Esto quiere decir que
algunas vías soportan recortes de actividad bastante superiores, como es
el caso de las autopistas radiales de Madrid y el resto de vías de
nueva generación.
El desplome se amortiguará previsiblemente el
año que viene, en el que el tráfico podría caer ligeramente e incluso,
en un escenario optimista, tocar fondo para empezar a salir de mínimos a
partir de 2014, según distintas fuentes del sector consultadas. En todo
caso, la recuperación de la movilidad no será rápida ya que los
condicionantes del tráfico de vehículos tampoco suelen evolucionar de
forma volátil.
Ahora mismo, la combinación de factores adversos
no puede ser mayor: caída del PIB, subida del paro, máximos del precio
de las gasolinas, subida de impuestos, existencia de multitud de vías de
gran capacidad, paralelas a las de pago y gratuitas, y pérdida de
antiguas subvenciones públicas por los recortes aplicados por el
Gobierno. Una combinación letal que está hundiendo el tráfico incluso en
corredores con alta densidad de población e importante actividad
económica.
El pasado julio, por ejemplo, entraba en vigor el
decreto de medidas urgentes para reconducir el déficit, en el que se
eliminaban subvenciones a los peajes de las autopistas más antiguas.
Tras la supresión las concesionarias optaban por subir los precios en
la mima cuantía que las ayudas que habían dejado de cobrar: el 7,5%.
Ese
incremento se sumó al habitual de primeros de año, fijado por ley y que
se determina en función del IPC y otras variables. La revisión para
este ejercicio había sido del 3,2%.
Es decir, que los precios de
las autopistas se anotan este año una subida media del 10,7%. La
situación es realmente disuasoria para coger el coche y menos para
entrar en una vía de pago.
Bajo este entorno, las autopistas de
nueva generación continúan haciendo cola para ir al juzgado y presentar
concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar el servicio de
la deuda. El dinero facilitado por el Estado para compensar la caída del
tráfico y los préstamos participativos para afrontar el sobrecoste de
las expropiaciones de los terrenos para construir esas vías no han
podido detener la hemorragia financiera de estas concesionarias. Lo ha
hecho la autopista Madrid-Toledo, la Radial 3, la R 4, la R 5 y, hace
unos días, la AP 36, entre Ocaña y la Roda.
Los accionistas de
esta vía, Ferrovial (55%), Sacyr (40%) y la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián, Kutxa (un 5 %), han explicado la
decisión ante la "inminente" imposibilidad de atender diversos
compromisos de pago con las entidades financieras acreedoras.
Según
Ferrovial la inversión relativa a este proyecto se encontraba
totalmente provisionada en las cuentas anuales consolidadas del grupo de
2011, por lo que no se prevé "impacto significativo alguno" en las
cuentas de 2012.
En otro comunicado Sacyr anunciaba que
tiene provisionado también el 100% del valor de esta participación
y que la solicitud de insolvencia tampoco implica ningún impacto
económico en sus cuentas.
A la lista de autopistas al borde de la
insolvencia hay que sumar la Cartagena-Vera, que ha solicitado acogerse
al preconcurso de acreedores a fin de intentar refinanciar con la banca
una deuda de 550 millones y previsiblemente, en el mes de enero, habrá
que anotar en esa relación a la Radial 2, Madrid-Guadalajara.
Tampoco
escapa a la delicada situación del sector en general y a la de estas
vías inauguradas a principios de la pasada década en particular, la
autopista de acceso al aeropuerto de Madrid-Barajas, controlada por OHL,
y la circunvalación de Alicante.
El Gobierno no parece por ahora
dispuesto a abordar una solución estructural al problema de fondo de
las autopistas, que no es otro que la existencia de un modelo dual
caótico en el que conviven vías de gran capacidad gratuitas y otras de
pago, incluso en el mismo corredor.
Las concesionarias
consideran que la solución pasa por cobrar por el uso de las actuales
autovías, algo que el Gobierno ha estado a punto de aprobar pero que de
momento ha pospuesto.
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