Según el diario madrileño El Confidencial, escuchar juntas "los términos Sacyr y suspensión de obras por sobrecostos inasumibles, como ocurre en Panamá", hace erizar la piel a los colombianos.
Y es que tal y como publicó el diario El Tiempo de Colombia, en el país existe una preocupación por la polémica surgida con el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá, ya que la empres española fue la protagonista de un escándalo de contrataciones públicas.
Sacyr fue una de las empresas que conformo el consorcio Commsa, quien se hizo con la concesión para la construcción de la vía Tobia-grande- Puerto Salgar. Commsa sostuvo una disputa con el Estado colombiano por incumplimiento de contrato un litigio que tardó siete años.
La publicación explica con detalles cómo se inició el conflicto con el consorcio del que era parte Sacyr y también el presidente del Club de Fútbol del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS.
El consorcio de Sacyr y ACS ganó la licitación. Igual que como ocurrió con el contrato de la ampliación del Canal de Panamá, ofertó un presupuesto 70 millones de dólares más barato que el de sus rivales y "se comprometió a asumir todos los riesgos de la obra y a cumplir escrupulosamente el trazado. Ninguno de sus competidores se atrevió a hacerle sombra", reza la publicación.
El contrato adjudicado a Commsa incluía la construcción de una "autopista de 625 kilómetros, que uniría Bogotá con Medellín y la costa atlántica. El recorrido incluía 15 túneles. Pero con la licitación ya ganada, Commsa pretendía no construir los túneles, "la parte más costosa de la operación, para ahorrarse 100 millones de dólares".
Pero el Estado colombiano rechazó la petición del consorcio, entonces Commsa se vio con problemas para cumplir con el calendario de entrega.
Pero el auténtico escándalo comenzó en 1998, momentos en que Colombia cambió de presidente y de partido político estandarte. Entonces, el Estado exigió cobrar la poliza de indemnización por incumplimiento de contrato y de paso recuperar los 77 millones de dólares que se entregó como anticipó, pero no obtuvo ni lo uno ni lo otro. "El Estado descubrió para su sorpresa que no existía ninguna póliza, sino que, al parecer, lo que había hecho el consorcio de ACS y Sacyr era mandar un borrador de póliza durante el concurso que, una vez ganado, no llegó a contratar". Solo fue hasta 2011 cuando la empresa española pudo volver a pujar por un contrato público en Colombia.
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