El Gobierno ha aprobado una reducción de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en aquellas concesiones de autopistas en las que Fomento se vea obligado por los tribunales a pagar expropiaciones por la insolvencia de las concesionarias. La ministra, Ana Pastor, ha explicado tras al Consejo de Ministros que se trata de "no pagar dos veces la compra de suelo".
El sobreprecio por las expropiaciones, la caída del tráfico y la construcción de vías paralelas gratuitas son los factores que han contribuido a la quiebra de las autopistas. Los propietarios de los terrenos ganaron ante los tribunales justiprecios que disparaban los costes inicialmente previstos.
La RPA es un derecho de cobro en caso de liquidación de los contratos concesionales. Los beneficiarios son los accionistas de las concesionarias, pero pignoraron la propia RPA como garantía para obtener los créditos que sirvieron para construir las autopistas. Por tanto, los destinatarios finales son los bancos que financiaron los proyectos, entre ellos el Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Popular y Sabadell.
La responsabilidad patrimonial de Fomento en caso de liquidación de las nueve autopistas en concurso supera los 4.000 millones de euros. El Gobierno también se plantea restar a la RPA los créditos participativos y cuentas de compensación. Con estas decisiones, el Gobierno reduciría la factura a 2.000 millones si las nueve autopistas acaban en liquidación.
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