Para el Ministerio de Fomento no es una prioridad el traspaso a la Xunta de la AP-53 ni la rebaja del abusivo peaje de la autopista que conecta Santiago con la comarca dezana. Tampoco el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, parece tener en mente esta vía de alta capacidad, pues anteayer sí planteó una transferencia de la AP-9 a la Xunta para propiciar peajes blandos, aunque nada comentó sobre la autopista Compostela-Dozón.
El aparente desinterés del ministerio por intervenir en la autopista que este año cumple una década con un incremento del 70% en sus tarifas quedó patente en las contestaciones recibidas por la senadora socialista silledense, Paula Fernández Pena. La representante en la Cámara Alta interpeló al gobierno sobre el conflicto de la concesionaria, Acega, con el plantel, que acabó con el despido de 9 trabajadores y la instalación de máquinas de cobro automático en gran parte de las cabinas. Sobre este asunto Fomento se limitó a indicar que la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionaria de las Autopistas Nacionales de Peaje "ejerce la supervisión del cumplimiento de los requisitos contractuales de esta concesión".
Pena también preguntó sobre la disposición del ministerio a conceder a la Xunta el traspaso de la vía, obteniendo como respuesta que esta cuestiones se tratan en el marco de comisión mixta -Estado y Xunta-. Y que deben considerarse en su conjunto, por el que también transcurre la N-525, de manera que todo el planteamiento sea coherente y permita que la distribución competencial de las infraestructuras sea racional. En una tercera interpelación la senadora menciona la petición de traspaso de la autopista aludida por el gobierno gallego en enero del año pasado. Este proceso conllevaría la apertura de negociaciones con la concesionaria encaminadas a la rebaja de las tarifas. Así, Pena se interesó por si, en este impás, Fomento acometería un proceso de revisión de las tarifas, tal y como asegura el ejecutivo autonómico. Sobre este asunto el departamento dirigido por Ana Pastor explica que uno de los elementos esenciales de la concesión es el principio de equilibrio económico, tal y como figura en el acuerdo entre Estado y empresa del 15 de diciembre de 1999. "Revisar las tarifas afectaría a los supuestos económicos considerados básicos en la adjudicación y, por tanto, la Administración estaría obligada a restablecer el equilibrio", concluye Fomento.
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