El Gobierno prepara un proyecto para integrar en una sociedad pública diez autopistas de peaje en riesgo de quiebra entre las que se encuentran tres radiales de Madrid y la circunvalación de Alicante.
Los datos son asombrosos. Desde 2006, la pérdida de usuarios que estas vías han sufrido se sitúa en el 33 % de media, un 37,7 % desde 2007 en la que une Tarragona con Valencia y un 44,7 % en la que conecta Valencia con Alicante, pero desde entonces la red ha aumentado en un 7,4 % con la puesta en servicio de 177 kilómetros, de forma que actualmente tiene una longitud de 2.560.
Como ya está sucediendo con el AVE, España puede sacar pecho por estas infraestructuras, pero cabe preguntarse si no se ha ido demasiado lejos, entre otros motivos porque en todos estos años también han proliferado las autovías gratuitas, que han restado clientes a las autopistas de peaje.
Este factor, junto a la subida de los combustibles y a los efectos demoledores de la crisis sobre empresas y trabajadores, explican en buena parte que los ciudadanos huyan de estas vías. Las tarifas tampoco son de gran ayuda, dado que no dejan de subir. En concreto, este año se acaban de encarecer en un 1,85 %.
El Gobierno asegura que la mencionada sociedad que rescatará a esas autopistas, la mayoría de las cuales se encuentra en concurso de acreedores, no tendrá ningún coste para el ciudadano. Con una deuda conjunta de 3.600 millones, es de rigor exigir que, después de la banca y tantas otras debacles, la inflación de autopistas no acabe por costarle otro ojo de la cara al contribuyente.
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