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| La N-340 registra un tráfico de vehículos pesados de hasta el 30%. |
La muerte de cinco personas en tres accidentes de tráfico ocurridos en la última semana en la N-340 a su paso por Tarragona ha reabierto la polémica sobre la conveniencia de desviar, a través de diferentes fórmulas, a los camiones de esta carretera para que circulen por la autopista de peaje paralela AP-7 .
De esta manera, mientras desde los pueblos que atraviesa la carretera nacional como desde la Administración autonómica de Cataluña o desde el RACC se apuesta por prohibir la circulación a camiones por la citada vía, desde la Federació Empresarial d’Auto-Transports de la Província de Tarragona (FEAT), se ha alzado la voz para rechazar cualquier medida que no suponga la gratuidad del peaje mientras se ejecuta una obra imprescindible como es el desdoblamiento de la N-340 en A-7 con dos carriles separados para cada sentido, una actuación absolutamente justificada desde el punto de vista de la elevadísima intensidad de tráfico que soporta la vía.
Al mismo tiempo, los transportistas de esta provincia catalana recuerdan que son los “primeros que sufrimos los peligros asociados a la circulación, y somos los primeros interesados en que sea segura y fluida, para facilitar nuestro trabajo que, no olvidemos, es indispensable tanto social como económicamente”. Dicho esto, “el hecho de que algunos pretendan convertir a los transportistas de víctimas a verdugos nos parece inaceptable, y hay que decir que en los siniestros donde se ha visto implicado un camión, raramente la responsabilidad en el accidente ha sido del vehículo pesado“.
Ante esta situación, continúan desde FEAT, “los transportistas no podemos aceptar que se obligue a pagar peaje, ni que sea con una bonificación, pues eso supondría el establecimiento de un nuevo impuesto a la actividad. La medida excepcional de prohibirnos la circulación por la N-340 debe ir acompañada del ofrecimiento de una alternativa en las mismas condiciones de uso”.
Así, e incidiendo en la polémica que se lleva arrastrando todo el año a nivel nacional tras el plan de Fomento de desvío obligatorio de camiones a los peajes que finalmente se ha quedado (por el momento) en un plan piloto y voluntario para los transportistas, desde esta organización empresarial advierten de que “el discurso de que los transportistas no pagamos por las vías no sometidas a peaje, no resiste ningún análisis: cada vez que llenamos de carburante los depósitos, más de la mitad del coste son impuestos específicos, creados para pagar la construcción y mantenimiento de la red viaria pública”.
“¿La adopción de medidas que pretenden ahorrar accidentes, obligando a los camiones a pasar por la autopista, no merece un esfuerzo presupuestario de las Administraciones? ¿Entonces por qué todo el mundo insiste en que no tendrá coste para las arcas públicas la adopción de estas medidas? ¡Se dice que el aumento de vehículos compensa a la concesionaria por la reducción del peaje! Si así es, ¡las únicas que pagamos somos las empresas transportistas! ¡¿El coste de la adopción de esta política de interés público tiene que ser soportado en solitario por nuestras empresas?!”, aseguran desde un visible enfado al sentirse señalados por la opinión pública y por las propias administraciones como causantes de una situación que obviamente tienen el máximo interés en solucionar.
Para terminar, desde FEAT exigen tanto al consejero catalán del ramo, Santi Vila, como a la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, “que no tomen ningún decisión sin contar con el sector del transporte, tal y como han manifestado en múltiples ocasiones, tanto delante de la Confederació Catalana de Transports como al Comité Nacional en Madrid”.
Ante los últimos accidentes mortales ocurridos en esta vía, el RACC no ha dudado en calificar de “inadmisible” la situación en la N-340 (66 muertos en los últimos cinco años) para reclamar una solución inmediata que pasaría, simple y llanamente por prohibir la circulación a los camiones, que gozarían de una bonificación en el peaje de la AP-7, una medida similar a la que ya se aplica en la provincia de Gerona y cuyos resultados son muy valorados tanto por Fomento como por la Generalitat y el propio RACC.
“Desde el pasado mes de enero, la N-340 que une Alcanar (Tarragona) y Vallirana acumula 17 víctimas mortales, más del 13% de los 121 muertos registrados este año en toda la red viaria catalana”, relatan desde esta organización, para añadir que por esta vía circulan una media de hasta 25.000 vehículos, y hasta un 30% de vehículos pesados, “que evitan el peaje de la AP-7″. Así, “la saturación de vehículos hace aumentar el riesgo de accidentalidad y pone en peligro la vida de las personas que circulan, ya que se producen muchos adelantos que a menudo terminan en choques frontales
De este modo, aunque el RACC considera que los transportistas de vehículos pesados son también víctimas de esta situación, lo cierto es que añaden que “antes de que el desdoblamiento de la N-340 sea una realidad, hay una solución sencilla y de aplicación inmediata: desviar los camiones hacia en la AP-7, ofreciéndoles un descuento del 50% en el peaje“. Cabe recordar que a finales de julio el RACC ya presentó un detallado informe con las ventajas de extender por toda España el desvío obligatorio de los camiones a las autopistas de peaje.
En plena polémica, y con los alcaldes de las poblaciones afectadas en pie de guerra, el consejero catalán Santi Vila ha pedido “valentía” a Fomento para aplicar en la N-340 la misma medida que en la N-II en Gerona. “No estamos en la fase de discusión o análisis, sino en la de aplicar soluciones”, destaca, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de eliminar el pago de peaje en la AP-7 tal y como piden los transportistas.
Pero el asunto tampoco se soluciona con poner a Fomento en la diana, ya que a nivel local existen voces en contra de que los transportistas deban pagar por no circular por la N-340. Es el caso de Ferrán Cid, alcalde de El Perelló, que exige que la AP-7 sea gratuita para los camiones puesto que estos vehículos no son responsables de la falta de adecuación de la infraestructura al tráfico que debe soportar.
Finalmente, Ana Pastor, ministra de Fomento, ha explicado que desde su departamento “están abiertos” a abordar el asunto con la administración autonómica y que una de las vías a estudiar sería la aplicación de bonificaciones en el peaje, aunque habría que definir si el desvío sería voluntario u obligatorio para los transportistas.
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