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El sindicato de CCOO recuerda que la infraestructura está más que amortizada tras conocerse la demanda judicial para compensar la construcción de la autovía de Castellón y le pide que no incluya a la AP-4, cuyo peaje debe extinguirse en 2019 tras múltiples prórrogas, en su reivindicación ante Fomento.
CCOO por su parte exige al Ministerio de Fomento que cumpla con su palabra y no prorrogue una vez más el peaje de la autopista AP-4 que une Cádiz con Sevilla.
El sindicato "teme que el Gobierno ceda ante las presiones que está realizando la empresa concesionaria Abertis para conseguir aún más beneficios de la explotación de esta vía y de la AP-7". Concretamente, Abertis reclama judicialmente una compensación al Estado por la construcción de una autopista paralela en Castellón tras intentar reiteradamente obtener del Ministerio un reequilibrio de la concesión de ambas carreteras por el mismo motivo.
CCOO pide a la empresa que no incluya el peaje de la AP – 4 en esta batalla judicial, puesto que el ánimo de lucro que impulsa a reclamar a esta empresa privada no puede justificar los importantes perjuicios que una nueva prórroga conlleva para toda la provincia de Cádiz.
Además, reclama al Ministerio de Fomento que cumpla su compromiso, anunciado hace un año, de no prorrogar de nuevo el peaje de la autopista, algo ante lo que según advierte, habrá una clara reacción. Por el contrario, reclamó la inmediata liberalización de un peaje más que amortizado.
El sindicato recuerda la última movilización realizada con motivo del Día de la Provincia de 2014 en el peaje de las Cabezas de San Juan, convocadas por CCOO Cádiz e Izquierda Unida, con el apoyo de la organización de consumidores Facua y la Plataforma Social de Cádiz. La concentración supuso una llamada de atención ante un peaje que aísla y castiga a la provincia
Cádiz es la única provincia andaluza comunicada por una autopista de peaje con la capital, el Ministerio ha abandonado el proyecto de desdoblar la Nacional IV (única alternativa a la autopista) y la provincia, con importantes cifras de paro, no se puede permitir este déficit de infraestructuras ni un peaje que supone un impuesto indirecto y un lastre para el desarrollo económico.
El peaje, a juicio de CCOO es un coste más añadido a la provincia, un coste más para los ciudadanos y para la implantación de empresas que necesita Cádiz para alcanzar un pleno desarrollo tanto social como económico.
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