jueves, 19 de septiembre de 2013

Las constructoras de la R-2, ajenas en Bolsa a la quiebra de su autopista

La quiebra de la autopista de peaje R-2 pasa de puntillas por la Bolsa. Las cotizaciones de las constructoras que integran el consorcio que explota la vía de conexión entre Madrid y Guadalajara han conseguido incluso escapar al alza de la noticia del concurso voluntario de acreedores, registrando un mejor comportamiento que el del agregado Ibex.

Entre los accionistas de Henarsa, la sociedad concesionaria que gestiona la R-2, figuran nombres como ACS, Abertis, Acciona y Globalvía, la firma de infraestructuras participada por FCC y la nacionalizada Bankia. Sólo FCC se ha dejado teñir de rojo esta sesión de martes, con una modesta caída del 0,52% a cierre de sesión. El resto de sus compañeras de carretera han cotizado al alza.

Con un repunte del 1,1%, ACS ha sido la que mejor ha aguantado la noticia de una quiebra que, señalan los analistas, el mercado ya había descontado desde hacía tiempo y esperaba de forma inminente. La presidida por Florentino Pérez ha conseguido esquivar el bache de su participación fallida en una carretera que acumula deudas por más de 400 millones de euros con la llegada de dos nuevos contratos en Arabia Saudí.

Por su parte, Acciona y Abertis han conseguido repuntar un 0,5% a contracorriente de un Ibex 35 que ha cerrado sesión a la baja. En ambos casos, los expertos destacan una vez más que la asfixia de la Madrid-Guadalajara ya había sido descontada de precio, pues todas los demás peajes radiales madrileños habían solicitado con anterioridad el concurso voluntario de acreedores.

Henarsa lleva invertidos unos 500 millones de euros en la radial ahora quebrada y a comienzos de año había intentado que la nacionalizada Bankia, su principal prestamista, aceptase aplazar parte de la amortización de sus créditos. La situación del sector es tan débil en lo que a finanzas se refiere que en varias ocasiones se ha especulado con la posible creación de una suerte de ‘banco malo’ público-privado en el que las constructoras podrían recluir sus infraestructuras no rentables.

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