Mientras la ministra de Fomento, Ana Pastor, busca una solución para las autopistas de peaje, mayormente las radiales de Madrid y la Cartagena-Vera se le ha caído encima la que faltaba, la del Henares, la R-2, que une Madrid con Guadalajara.
Esta, participada por ACS, Abertis, Acciona y Bankia ha sido la última en inscribirse en el triste grupo del concurso de acreedores, lo que antes llamábamos suspensión de pagos.
Antes habían caído victimas de unos cálculos de tráfico aventurados y en buena parte “dolosos”, pues ya se sabía que la intensidad de circulación no llegaría a lo que se colocaba en los papeles las siguientes autopistas:
La AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, que une Madrid y Arganda; la R-4, que arranca de la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y la de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería), que en su mayor parte fueron proyectadas por Francisco Álvarez Cascos durante el gobierno de Aznar.
Los autopisteros se lanzaron a la aventura apalancadas, con la alegría del crédito fácil que suponían que no había que devolver.
Con el convencimiento proporcionado por la experiencia de que, llegado el caso, el Estado acudiría en su socorro.
Otras razones de la debacle, además de las previsiones surrealistas de tráfico, hay que buscarlas en el sobrecoste de las expropiaciones que ha sido vergonzoso así como en la dureza de la crisis que ha aconsejado a muchos conductores a optar por el atasco o circular por las viejas carreteras.
No es de extrañar que la ministra Pastor no sepa por que camino o autopista tirar para cumplir su promesa de que la quiebra de autopistas “en ningún caso supondrá una aportación de fondos públicos de todos los españoles”. Y añadió: “Lo digo alto y claro”.
Quizás recuerden los lectores que esa afirmación me dio pie para titular un artículo en El Plural bajo el título: “PASTOR, JURE QUE DICE LA VERDAD”, porque las palabras son gratis y se las lleva el viento.
Lo cierto es que, por ley, si las autopistas quiebran, el Estado tiene que hacerse cargo de sus deudas que en conjunto superan ya, incluida la del Henares, que aporta 400 millones, los 4.500 millones de euros.
Después de la primera medida de conceder créditos blandos por una cuantía de 290 millones de euros parece que la única hipótesis que se maneja es resucitar, quizás con otro nombre la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Otra vez a socializar pérdidas.
Otra vía, junto al déficit de tarifa que terminará aumentando la deuda pública que sigue cabalgando de forma desenfrenada.
José María Aznar en el momento solemne del corte de cintas aseguró que estas vías suponían “un antes y un después” en el proceso de modernización y competitividad de España. Así nos ha ido.
Jose García Abad es periodista y analista político
El Plural.com 18/09/2013
Esta, participada por ACS, Abertis, Acciona y Bankia ha sido la última en inscribirse en el triste grupo del concurso de acreedores, lo que antes llamábamos suspensión de pagos.
Antes habían caído victimas de unos cálculos de tráfico aventurados y en buena parte “dolosos”, pues ya se sabía que la intensidad de circulación no llegaría a lo que se colocaba en los papeles las siguientes autopistas:
La AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, que une Madrid y Arganda; la R-4, que arranca de la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y la de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería), que en su mayor parte fueron proyectadas por Francisco Álvarez Cascos durante el gobierno de Aznar.
Los autopisteros se lanzaron a la aventura apalancadas, con la alegría del crédito fácil que suponían que no había que devolver.
Con el convencimiento proporcionado por la experiencia de que, llegado el caso, el Estado acudiría en su socorro.
Otras razones de la debacle, además de las previsiones surrealistas de tráfico, hay que buscarlas en el sobrecoste de las expropiaciones que ha sido vergonzoso así como en la dureza de la crisis que ha aconsejado a muchos conductores a optar por el atasco o circular por las viejas carreteras.
No es de extrañar que la ministra Pastor no sepa por que camino o autopista tirar para cumplir su promesa de que la quiebra de autopistas “en ningún caso supondrá una aportación de fondos públicos de todos los españoles”. Y añadió: “Lo digo alto y claro”.
Quizás recuerden los lectores que esa afirmación me dio pie para titular un artículo en El Plural bajo el título: “PASTOR, JURE QUE DICE LA VERDAD”, porque las palabras son gratis y se las lleva el viento.
Lo cierto es que, por ley, si las autopistas quiebran, el Estado tiene que hacerse cargo de sus deudas que en conjunto superan ya, incluida la del Henares, que aporta 400 millones, los 4.500 millones de euros.
Después de la primera medida de conceder créditos blandos por una cuantía de 290 millones de euros parece que la única hipótesis que se maneja es resucitar, quizás con otro nombre la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA). Otra vez a socializar pérdidas.
Otra vía, junto al déficit de tarifa que terminará aumentando la deuda pública que sigue cabalgando de forma desenfrenada.
José María Aznar en el momento solemne del corte de cintas aseguró que estas vías suponían “un antes y un después” en el proceso de modernización y competitividad de España. Así nos ha ido.
Jose García Abad es periodista y analista político
El Plural.com 18/09/2013
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