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| El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (izquierda), junto a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo FOTO: EFE |
El concurso de acreedores de la autopista que va de Madrid a Toledo, la A-41, ha dado un giro este jueves. El Ministerio de Fomento publica un Real Decreto en el que habilita una partida de más de 141 millones de euros para compensar a la concesionaria por no estimar correctamente el volumen de tráfico que discurriría por la vía hasta 2045.
El Gobierno presidido primero por José Luis Rodríguez Zapatero y después por Mariano Rajoy se habían resistido a indemnizar de ninguna forma a un consorcio creado en 2005 por Isolux-Corsan, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo (también quebrado y transformado en Novo Banco) que abonó los 400 millones de euros que costaron construir la autopista en 2005.
El problema de fondo es que cuando el ministerio diseñó la ruta dos años antes bajo la dirección de Francisco Álvarez Cascos (última legislatura de José María Aznar), la A-41 era una autopista de pago que unía Madrid y Andalucía, pero sólo se ejecutó la primer parte del proyecto. La prolongación sur no se desarrolló y nunca se construirá.
La carretera proyectada era incompatible con la protección de la natura de la meseta. Fue el propio ministerio de Medio Ambiente quien certificó en 2007 que el proyecto no debía prosperar por las graves afectaciones. Atravesaba espacios protegidos como los Montes de Toledo y Sierra Morena, en el perímetro del parque de Las Tablas de Daimiel.
El consorcio que construyó la primera fase decidió finalmente recurrir a los tribunales porque Fomento decidió ejecutar una nueva autovía en Madrid (la M-407) en 2010. Le hacía la competencia directa y era gratuita.
El Tribunal Supremo ha intervenido en el conflicto en cinco ocasiones. La primera resolución data del 16 de mayo de 2011 y le siguen cuatro aclaraciones posteriores (febrero de 2012, abril de 2013, marzo de 2014 y el pasado abril) en las que estima parcialmente las pretensiones de los privados. Obliga anualmente al Ejecutivo a compensar económicamente al consorcio, pero por una cantidad menor de lo reclamado. El Real Decreto limita las causas abiertas.
En los 10 años que han pasado desde que se inició la construcción hasta que el ministerio ha reconocido las indemnizaciones por el bajo uso, el consorcio ha hecho aguas y ha pasado el testigo a la banca acreedora para mantener el pulso con el Ministerio de Fomento.
Las entidades que prestaron capital a varias de las autopistas quebradas en España se han unido en un frente común para intentar recuperar parte del capital prestado con cargo a las arcas del Estado. Reivindican la responsabilidad patrimonial que tenía el Ejecutivo en el momento en el que se firmó la concesión, mientras que las empresas involucradas en estos proyectos han tirado la toalla, no esperan recuperar ni un céntimo de los fondos invertidos.
El concurso de acreedores sigue abierto. La intención del Gobierno del PP es prolongar la causa
para que no interfiera en las próximas elecciones generales. Será el futuro ejecutivo español el que deberá asumir el coste, sea cuál sea, de la fallida de las infraestructuras.
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