ABERTIS ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el rechazo del Ministerio de Fomento a reconocer el pago de una compensación por el menor volumen de tráfico registrado en el tramo de la autopista AP-7 que gestiona el grupo respecto al inicialmente estimado, que cifra en 769 millones de euros.
De esta forma, la compañía de concesiones de infraestructuras, a través de su filial Acesa, inicia acciones legales en relación con el contencioso que mantiene con Fomento sobre esta reclamación desde 2011.
Abertis toma esta decisión después de que en junio el Ministerio desestimara un recurso de alzada presentado por el grupo. "Ante esta situación, Acesa ha iniciado acciones legales con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", anuncia Abertis en su informe de resultados semestrales.
Adicionalmente, el grupo asegura haber presentado ante la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas una solicitud de interpretación formal del contrato de concesión y del Real Decreto del año 2006 que lo modificó e incluyó una garantía de tráfico.
Dicho Real Decreto modificó el contrato de concesión del tramo de la AP-7 entre Barcelona y Tarragona que gestiona Abertis a partir de un convenio firmado con Fomento en ese año 2006.
En virtud de este pacto, la compañía se comprometió a invertir en la ampliación y mejora de la autopista, sin aumentar tarifas ni extender su plazo de concesión. Como contraprestación, el Estado articuló una cuenta de compensaciones por la que, en 2021, fecha del termino de la concesión, pagaría al grupo por los importes invertidos.
El convenio contemplaba que el incremento de tráfico esperado tras la mejora de la autopista compensaría mientras tanto a la concesionaria por su inversión. No obstante, la crisis provocó el desplome de los usuarios y activó la claúsula por la que Fomento debía compensación en caso de que se registrara un menor tráfico respecto al previsto.
Abertis asegura que Fomento reconoce los importes que le corresponden por las inversiones desde 2006, pero que a partir de 2011, coincidiendo con el cambio de Gobierno, dejó de asumir la compensación por el desfase en los tráficos.
La compañía calcula que, hasta el momento, el monto total que el Departamento debe abonarle en 2021 por las inversiones y la caída de tráfico asciende a 1.809 millones de euros, de los que 769 millones netos corresponde a los tráficos. Abertis ha provisionado este importe en las cuentas del primer semestre.
En su informe de resultados, la compañía de concesiones "mantiene la solidez de los argumentos que sustentan la validez jurídica del convenio".
En la misma línea, el consejero delegado del grupo, Francisco Reynés, pese a expresar su disposición y "flexibilidad" para negociar con Fomento, garantizó que el grupo "llegará lo lejos que sea necesario" para "defender los intereses de los accionistas" dado su convencimiento de que la justicia les dará la razón.
Así, durante la presentación a analistas de los resultados semestrales, Reynés expuso una batería de dictámenes jurídicos e informes independientes que avalan su reclamación de compensaciones.
Abertis mantiene en paralelo otro contencioso con Fomento sobre Aumar, filial del grupo que gestiona los tramos de autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y AP-4 Sevilla-Cádiz.
En este caso, este mismo mes de julio la empresa ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo "ante el silencio administrativo" de Fomento sobre la solicitud de reequilibrio económico de la concesión que Abertis presentó en 2011, por el efecto que produjo en el negocio de la autopista la construcción de una vía alternativa gratuita.
El grupo cuantifica esta reclamación en 444 millones de euros hasta el cierre de 2013, con lo que a este importe sería preciso sumar el correspondiente a las pérdidas de ingresos desde 2014 y hasta que en 2019 concluya la concesión, "también reclamado y pendiente de cuantificación.
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