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| El consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés. (EFE) |
Abertis, y en consecuencia La Caixa como máximo accionista de la empresa de concesiones, han decidido declarar la guerra al Ejecutivo de Mariano Rajoy en pleno conflicto político entre la Generalitat y el Estado central. La compañía con sede en Barcelona ha decidido llevar al Gobierno de España al Tribunal Supremo para reclamarle hasta 1.500 millones por supuestos incumplimientos a la hora de compensarle por la caída del tráfico de las autopistas que gestiona.
La empresa, dirigida por Paco Reynés y participada en un 30% por La Caixa, se ha rodeado de un ejército de abogados, juristas especializados y auditores para conseguir que el Gobierno le indemnice por la reducción del número de coches que han circulado por la AP-7 –la autopista que une la Junquera hasta Alicante– como consecuencia de la construcción de otras vías paralelas autorizadas en su día por el Ministerio de Fomento.
Para justificar sus tesis, Abertis se ha puesto en manos de abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado y de las Cortes y juristas de reconocido prestigio y experiencia, como Juan José Lavilla y José María Barrios (Clifford Chance), Benigno Blanco y Jesús Trillo-Figueroa (Iuris C.T.), Jordi de Juan y Alicia de Carlos (Cuatrecasas Abogados) y MA Abogados. Sus análisis han sido respaldados al mismo tiempo por los despachos de Pérez-Llorca e Lirio Menéndez con motivo del informe legal que emitieron a petición de CVC previo a la compra del 15% de Abertis en 2010.
Para que no quedara duda, los mencionados informes fueron también coincidentes con los emitidos por los abogados del Estado y miembros de diversos órganos de gobierno de la compañía, véase Ricard Fornesa (ya fallecido), Mónica López-Monís (mujer de Leopoldo Rodríguez Echenique, expresidente de RTVE) y Josep Maria Coronas. Por si no fuera suficiente, Abertis pidió estudios a los auditores actuales (Deloitte), a los anteriores (PWC), así como a otros expertos contables de reconocido prestigio, como Enrique Ortega (Gómez Acebo&Pombo) y Sergio Arando y Tornara Seijo (PWC).
Contra todos ellos tendrá que defenderse el Gobierno, que el pasado mes de junio rechazó la petición de Abertis de que lo compensaran tal y como, a su entender, estaba contemplado en el Real Decreto 457/2006 que firmó la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Ante esta situación, la compañía participada también por OHL –20%– ha iniciado acciones legales con la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Adicionalmente, también ha presentado ante la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje solicitud de interpretación formal del contrato concesional, que incluye la garantía de tráfico expresamente pactada.
Ante la guerra judicial que se avecina y la oposición del Gobierno, Abertis se ha visto obligada a provisionar 769 millones de euros en el primer semestre de 2015. “En cualquier caso, y sin perjuicio de la provisión registrada (la total alcanza los 1.098 millones de euros), Abertis continúa manteniendo la solidez de los argumentos que siempre han sustentado la validez jurídica del convenio y los defenderá ante los tribunales de justicia”.
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| AP-7 Tarragona - Alicante. |
El conflicto con el Estado no queda ahí porque Aumar, la concesionaria que gestiona el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, ha presentado este mes de julio –el pasado día 22– otro recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo “debido al silencio administrativo sobre la solicitud de reequilibrio económico financiero de la concesión, presentado en 2011, a causa de los impactos de la construcción de vías paralelas”.
Si bien no figura registrado contablemente a 30 de junio de 2015 ningún saldo a cobrar a favor de Aumar, la valoración actualizada hasta el año 2013 de lo que le adeuda el Gobierno asciende a 444 millones de euros. A dicho importe debería añadirse el correspondiente a las pérdidas de ingresos desde 2014 hasta el fin de la concesión en 2019, también reclamado y pendiente de cuantificación. Como en el caso anterior, el Ministerio de Fomento había rechazado su petición de compensación.
Al mismo tiempo, Abertis también la ha emprendido contra la Generalitat de Cataluña, aunque con menor beligerancia, por modificar los términos de la concesión de la autopista que une Tarrasa con Manresa. Un cambio de la cláusulas del contrato adoptado de forma unilateral por el Gobierno de Artur Mas el pasado 15 de julio que ha obligado a la compañía a hacer una provisión de 73 millones de euros. Autema, la filial que gestiona esta autovía de peaje, ha presentado alegaciones oponiéndose expresamente a los cambios, ya que le supondrán un aumento de las tarifas y, en consecuencia, menor tráfico. Hasta la fecha, las reclamaciones no han sido atendidas.
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