La compra de un aeropuerto que costó construir 450 millones por 10.000 euros. Pagos multimillonarios por demandas de expropiación en la construcción de autopistas de peaje. Un túnel de AVE en concurso de acreedores voluntario. Todo en un día. La locura de inversiones en infraestructuras en España, la gran mayoría públicas, genera pérdidas y rocambolescas noticias día tras día.
La fiebre constructora en España ha sobrepasado límites que no se conocen en ningún otro país desarrollado. El zenit megalómano ha llegado con las vías de transporte, España se sitúa en el ranking de los tres tipos de transporte principales:
- Bronce en longitud de autovías, una gran parte de ellas han sido rescatadas.
- Prácticamente oro en el número de aeropuertos por millón de habitantes, en total hasta 52 (Alemania con el doble de población tiene 52).
- Doble récord mundial en AVE: oro por ser mayor número de kilómetros de AVE por millón de habitantes, alcanzará los 79 con las nuevas construcciones (casi doblando al segundo).También oro en ser el que menos lo usa, según un estudio publicado por Fedea Daniel Albalate y Germá Bel, profesores de la Universidad de Barcelona.
Nadie puede llevarse a engaño, la quiebra del túnel transfronterizo del AVE no es la primera ni única infraestructura privada que debe rescatar el Gobierno. Entre otros grandes nombres están: las ocho autopistas de peaje, el almacén de gas Castor o los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real (promovido por iniciativa privada y vendido una parte de él por apenas 10.000 euros).
El túnel del AVE bajo los Pirineos que une España y Francia no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo para reestructurar su deuda, ni bancos ni los Gobierno de Francia o España. La sociedad encargada de ejecutar y explotar la instalación era TP Ferro, sociedad constituida al 50% por ACS y la francesa Eiffage, ha solicitado concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil de Girona.
Aunque viene de atrás, en concreto, la firma había solicitado tutela de la Ley concursal desde el pasado mes de marzo. Entonces se acogió al ‘preconcurso’ y ha tenido hasta el viernes para reestructurar la deuda que ha sido imposible.
El problema viene con quien se va hacer cargo de la situación y el dinero público que ya se ha invertido. El proyecto supuso una inversión de 1.000 millones de los cuales 600 son públicos. Además, con motivo de los retrasos, se puso en funcionamiento un año después de lo previsto, y no poder cobrar el por ejecutar el servicio (la intención era cobrar un canon a los trenes que cruzaban) el Gobierno pagó a TP Ferro 109 millones de euros.
La jugada de Florentino podría repetirse de la echa en Castor. Bajo la batuta de José Luis Rodríguez Zapatero se firmó uno de los casos más sangrantes que ha tenido España en los últimos tiempos, la del almacén subterráneo de Castor.
El Gobierno socialista garantizó a las constructoras que fueron ACS al 66% y la canadiense CLP al 34%, la “recuperación de la inversión” en caso de producirse “caducidad o extinción” y también en caso de “dolo o negligencia de la empresa” la única con esa condición de las tres grandes infraestructuras de este tipo que son la misma Castor, Yela y Gaviota.
En conclusión, alguien firmó un contrato en que si la otra parte actúa con dolo o negligencia se indemnizaba a esa parte. Algo inédito en el derecho y que costará a los españoles 1.000 millones. Ahora, al igual que antes con la quiebra de la explotación es el Estado el que debe rescatar (con dinero público) a la empresa. En definitiva, si la cosa va bien la empresa se queda con la explotación y si va mal el Estado te devuelve el dinero puesto a lo que se suma el dinero que te ha pagado por construirlo.
El Consejo de Ministros ha aprobado un suplemento de crédito en el Ministerio de Fomento para pagar las sentencias dictadas sobre las expropiaciones para la construcción de las autopistas de peaje,en total 236 millones. La cosa no acaba ahí porque esos 236 millones (20 euros de cada familia) se unen a los 4.192 millones que ya están disponibles para afrontar las sentencias correspondientes a indemnizaciones. Descrito de otra manera, cada familia pagara más de 370 euros porque el proceso de expropiación de las carreteras privadas, posteriormente rescatadas por el Gobierno, se hizo mal.
La cosa no acaba en los más de 4.000 millones que deben pagar entre todos los españoles porque todavía quieren sangrarlos más. Una de las últimas propuestas que realizó Seopan, la patronal de grandes constructores, fue la de establecer un peaje en las autovías ya construidas con dinero público. La cosa era la siguiente: el ciudadano paga a través de impuestos la construcción de una carretera (se habla de las públicas), después vuelve a pagar por su uso y encima los ciudadanos rescatan las realizadas por empresas privadas a través del rescate que se ha producido.
Obviamente, las constructoras lo demandan con afán de ayudar a recaudar al Estado, para acto seguido pedir ese dinero para que ellas mismas lleven a cabo las reparaciones y nuevas construcciones. Además, ese dinero (lo cifraron en más de 6.000 millones) serviría para financiar el plan de inversiones, es decir, más obras y más vías de transporte.
Al final el dinero son para ellas, las mismas que se han beneficiado de construir líneas de AVE sin pasajeros, con túneles tapiados o el ejemplo de las ruinosas radiales. Solo para este año el gobierno de Mariano Rajoy dedicará en 2015 casi la mitad del presupuesto del presupuesto de Fomento en seguir expandiendo las vías. En concreto:
Madrid – Galicia: 891 millones de euros.
Corredor mediterráneo: 1.359 millones de euros.
Boadilla – Granada: 307 millones de euros.
Corredor del Norte (El cual es más barato cerrarlo directamente): 1.197 millones de euros.
Madrid – Lisboa: 204 millones de euros. Aunque solo llegará a la frontera con Portugal, ya que, el país luso ha dicho por activa y por pasiva que no construirá su parte.
