Ecologistas en Acción, uno de los firmantes de la querella que ha presentado IU para que se investiguen los papeles de Bárcenas’, considera que la ruina de las autopistas de peaje es una derivada de estos documentos que se atribuyen al extesorero del PP. Y aclaran que éstos recogen supuestos pagos al partido de Mariano Rajoy de muchas de las empresas constructoras de estas obras en momentos muy próximos a su licitación.
Según asegura esta organización ecologista en su página web, “las autopistas de peaje diseñadas en la última década fueron un fiasco previsible y ahora anuncian su “rescate”, al tiempo que recuerda que “aunque se trataba de obras privadas, la mayor parte están recibiendo sustanciosas ayudas estatales al tiempo que se prepara su nacionalización, lo que supondrá que los 3.500 millones de deuda se paguen con fondos públicos”.
E insiste en que “se trata, en algunos casos, de obras realizadas en paralelo a los supuestos pagos de los “papeles de Bárcenas”, que Ecologistas en Acción denunció junto a otras organizaciones ante la Audiencia Nacional”.
Este colectivo reconoce que “por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito” pero recuerda que “otros, como los ligados a la AP-41, Madrid-Toledo, se incluyen en la querella que Ecologistas en Acción presentó ante la Audiencia Nacional junto con otras organizaciones a finales de febrero y que ya ha recibido el apoyo de 23.000 personas”.
Recuerda Ecologistas en Acción que “la mayor parte de las autopistas de peaje de la última década fueron planificadas en el Ministerio de Fomento en época de Francisco Álvarez-Cascos.” Y que “todas ellas han sido una ruina económica”. Hablamos de una docena de infraestructuras, como las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Cartagena-Vera, AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto de Barajas o la Circunvalación de Alicante.
Informan desde el colectivo que seis de estas autopistas “ ya se han acogido a concurso de acreedores (R-3, 4 y 5, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda y Madrid-Toledo). Y eso a pesar de que desde hace varios años el Ministerio de Fomento les viene concediendo unos créditos participativos (esto es, créditos a bajo interés, avalados por el Estado) por unos 300 millones de euros anuales (289 millones en 2012, por ejemplo)”.
Añaden que “además, se habían aprobado unas cuentas de compensación, por las que el Estado pagará hasta 2018 a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente recaudado en los peajes y lo que se recaudaría si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos”.
Sin embargo, según alerta esta organización “esta sangría de fondos públicos no parece suficiente”, ya que “ahora se está negociando con la banca las condiciones en las que el Estado asumiría, a través de una nueva sociedad de capital 100% público, la deuda de las concesionarias.”
Dicha deuda se estima en 3.500 millones de euros, “aunque algunas fuentes elevan aún más la cifra”, según denuncia Ecologistas en Acción. “Una enorme deuda que pasa a ser pública se financiaría a un tipo del 3% durante 30 años”.
Según asegura esta organización ecologista en su página web, “las autopistas de peaje diseñadas en la última década fueron un fiasco previsible y ahora anuncian su “rescate”, al tiempo que recuerda que “aunque se trataba de obras privadas, la mayor parte están recibiendo sustanciosas ayudas estatales al tiempo que se prepara su nacionalización, lo que supondrá que los 3.500 millones de deuda se paguen con fondos públicos”.
E insiste en que “se trata, en algunos casos, de obras realizadas en paralelo a los supuestos pagos de los “papeles de Bárcenas”, que Ecologistas en Acción denunció junto a otras organizaciones ante la Audiencia Nacional”.
Este colectivo reconoce que “por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito” pero recuerda que “otros, como los ligados a la AP-41, Madrid-Toledo, se incluyen en la querella que Ecologistas en Acción presentó ante la Audiencia Nacional junto con otras organizaciones a finales de febrero y que ya ha recibido el apoyo de 23.000 personas”.
Recuerda Ecologistas en Acción que “la mayor parte de las autopistas de peaje de la última década fueron planificadas en el Ministerio de Fomento en época de Francisco Álvarez-Cascos.” Y que “todas ellas han sido una ruina económica”. Hablamos de una docena de infraestructuras, como las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Cartagena-Vera, AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto de Barajas o la Circunvalación de Alicante.
Informan desde el colectivo que seis de estas autopistas “ ya se han acogido a concurso de acreedores (R-3, 4 y 5, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda y Madrid-Toledo). Y eso a pesar de que desde hace varios años el Ministerio de Fomento les viene concediendo unos créditos participativos (esto es, créditos a bajo interés, avalados por el Estado) por unos 300 millones de euros anuales (289 millones en 2012, por ejemplo)”.
Añaden que “además, se habían aprobado unas cuentas de compensación, por las que el Estado pagará hasta 2018 a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente recaudado en los peajes y lo que se recaudaría si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos”.
Sin embargo, según alerta esta organización “esta sangría de fondos públicos no parece suficiente”, ya que “ahora se está negociando con la banca las condiciones en las que el Estado asumiría, a través de una nueva sociedad de capital 100% público, la deuda de las concesionarias.”
Dicha deuda se estima en 3.500 millones de euros, “aunque algunas fuentes elevan aún más la cifra”, según denuncia Ecologistas en Acción. “Una enorme deuda que pasa a ser pública se financiaría a un tipo del 3% durante 30 años”.
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