La tercera burbuja explota. Tras el estallido de la inmobiliaria y la banca, le toca a las autopistas de peaje en quiebra, ya que está relacionada con las otras dos. Acumulan una deuda financiera de casi 3.500 millones un total de doce vías de gran capacidad construidas al inicio de este siglo que apenas son utilizadas. El Estado es el responsable de asumir el pago de esa deuda si las autopistas se liquidan, y si la asumiera tal cual distorsionaría los objetivos de déficit público para el ejercicio y los españoles tendrían que asumir otro quebranto de miles de millones.
Estas autopistas se diseñaron pensando en un desarrollo constante de la economía española y de su sector inmobiliario. Ese es el problema. De hecho los trazados discurren cerca de desarrollos urbanísticos que luego se han visto truncados por el colapso del ladrillo. Al no habitarse esas zonas y caer la actividad económica, casi nadie usa esas autopistas.
Los ingresos por peajes no dan ni para atender los intereses de esos créditos, y por eso todas ellas van camino de la quiebra. El Gobierno, que es el responsable patrimonial final de esos negocios,busca una solución a la desesperada para resolver esta patata caliente sin que esa deuda acabe sumándose a la que ya arrastran las administraciones públicas.
De momento, ya han entrado en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos, las gestoras de la Madrid-Toledo (AP-41), Radial 4, Radiales 3 y 5, la de Ocaña-La Roda (AP-36) y Cartagena-Vera (AP-7).
Para solucionarlo, el Gobierno quiere nacionalizar todas esas vías de pago y con todas ellas crear una sociedad estatal. Los bancos españoles, a quienes las autopistas deben 2.300 millones, comprarían la deuda de 1.200 millones que las vías tienen con entidades extranjeras. De este modo, la banca pasaría a tener todo el pasivo (3.500 millones de euros) y el Estado sería el deudor.
La clave de la operación es que esa deuda no genere déficit ni más deuda a efectos de las cuentas que examina Bruselas. Se trata de evitar que la foto de las cuentas pública salga peor de lo que ya está. Por eso el Gobierno baraja crear una sociedad estatal que asuma el negocio y la deuda. La entidad generaría ingresos, los peajes, con los que iría afrontando el pago de la deuda y por tanto, formalmente, ésta no sería considerada deuda del Estado a la hora de pasar los exámenes europeos. Sería la manera de nacionalizar las autopistas sin dañar el déficit. Un truco contable que no evitará en todo caso que el país, todos los ciudadanos, apechuguen con 3.500 millones más.
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