La propuesta de la Dirección General de Tráfico para elevar el límite de velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopistas y autovías ha motivado las críticas por parte de las víctimas de tráfico y de los ecologistas, mientras que las asociaciones de automovilistas y las concesionarias han mostrado su satisfacción por la medida.
La directora de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), Eugenia Domenec, según cita Europa Press, ha advertido de que el aumento de velocidad "tiene una relación directa con la siniestralidad más grave", por lo que considera un "retroceso" su aprobación.
"Esperemos que al final se rectifique y no salga aprobada esa medida, porque no se sabe en base a qué se contempla la propuesta si todos los estudios técnicos recomiendan lo contrario", ha resaltado. Sin embargo, entiende que sí es buena la propuesta de rebajar la velocidad en carreteras secundarias en función del ancho de la carretera debido "a que hay que terminar con la homogeneidad".
En esta misma línea, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha mostrado su "disconformidad" con la subida del límite de velocidad, puesto que "podría llevar a confusión" a los conductores. "La velocidad mata", ha señalado.
"No estamos de acuerdo con ello. La velocidad mata y en España tenemos unos de los límites de velocidad más elevados, por lo que no entendemos el porqué de elevar a diez kilómetros, máxime teniendo en cuenta que no va a ser una cosa generalizada y puede llevar a confusión", ha alertado.
En cambio, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA cree que "no hay ningún inconveniente" en aumentar la velocidad en 10 km/h, si se tienen en cuenta las condiciones y si la vía lo permite. "Hay que ser un poco flexibles al respecto", ha señalado.
No obstante, ha recordado que "es necesario reducir los accidentes de tráfico en algunas de nuestras carreteras, puesto que ocho de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico han muerto en carreteras secundarias", ha explicado.
La directora de la Asociación para la Prevención de Accidentes de Tráfico (PAT), Eugenia Domenec, según cita Europa Press, ha advertido de que el aumento de velocidad "tiene una relación directa con la siniestralidad más grave", por lo que considera un "retroceso" su aprobación.
"Esperemos que al final se rectifique y no salga aprobada esa medida, porque no se sabe en base a qué se contempla la propuesta si todos los estudios técnicos recomiendan lo contrario", ha resaltado. Sin embargo, entiende que sí es buena la propuesta de rebajar la velocidad en carreteras secundarias en función del ancho de la carretera debido "a que hay que terminar con la homogeneidad".
En esta misma línea, la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, ha mostrado su "disconformidad" con la subida del límite de velocidad, puesto que "podría llevar a confusión" a los conductores. "La velocidad mata", ha señalado.
"No estamos de acuerdo con ello. La velocidad mata y en España tenemos unos de los límites de velocidad más elevados, por lo que no entendemos el porqué de elevar a diez kilómetros, máxime teniendo en cuenta que no va a ser una cosa generalizada y puede llevar a confusión", ha alertado.
En cambio, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA cree que "no hay ningún inconveniente" en aumentar la velocidad en 10 km/h, si se tienen en cuenta las condiciones y si la vía lo permite. "Hay que ser un poco flexibles al respecto", ha señalado.
No obstante, ha recordado que "es necesario reducir los accidentes de tráfico en algunas de nuestras carreteras, puesto que ocho de cada diez fallecidos en accidentes de tráfico han muerto en carreteras secundarias", ha explicado.
Las organizaciones ecologistas consideran que el aumento del límite de velocidad máxima hasta los 130 kilómetros por hora disparará cuadráticamente el consumo de petróleo y, con ello, las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que aumentará también la deuda exterior.
En este sentido, el responsable de Energía de Greenpeace, José Luis García, ha explicado a Europa Press que la medida, que se contempla en el borrador de la reforma del Reglamento General de Circulación es "contradictoria" porque todo lo que suponga incentivar una mayor velocidad, implica mayor consumo de petróleo y más emisiones. "No soluciona el problema de fondo, que es la dependencia del petróleo", ha manifestado. Por ello, considera que la velocidad óptima está entre los 90 y los 100 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de vehículo.
Del mismo modo, el director de Conservación de WWF, Enrique Segovia, considera que la medida "no es oportuna" y que la organización, en su momento, aplaudió la reducción del límite de velocidad máxima a 110 kilómetros por hora porque se redujo el consumo de combustibles fósiles.
A su juicio, este aumento de la velocidad máxima va a provocar mayores emisiones en el transporte, un sector difuso altamente emisor, al tiempo que va en contra del objetivo de la Unión Europea de reducir en 2020 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero.
Concesionarias y automovilistas dan la bienvenida
El sector concesional español se ha mostrado partidario de incrementar la velocidad en las autopistas de peaje al considerarlas más seguras que el resto de las vías. En declaraciones a Efe, fuentes del sector señalan que las autopistas de peaje presentan un menor índice de siniestralidad en relación con el tráfico de vehículos que circulan por ellas.
El sector concesional, que ya valoró la proposición no de ley presentada por el PP en el Congreso de los Diputados para incrementar hasta 140 km/h la velocidad máxima en las autopistas de peaje, confía en que estas medidas recuperen la intensidad media diaria (IMD) registrada en las autopistas de peaje y que se ha visto afectada por la crisis económica y la existencia, en muchas ocasiones, de vías alternativas gratuitas.
La Asociación Europea de Automovilistas (AEA) y el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) apoyan que se incremente el límite de velocidad en algunos tramos de autovías y autopistas, aunque difieren en la conveniencia de reducir el límite en las carreteras secundarias.
Sin embargo, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, ha expresado su "preocupación" por el criterio de implantación de los nuevos límites, que en su opinión debe llevarse a cabo "con criterios técnicos únicos y objetivos, para no dañar la credibilidad del sistema".
Arnaldo ha incidido en que en la alta siniestralidad de las vías secundarias influye no sólo la velocidad máxima permitida, sino el estado y la conservación de las vías.
Por su parte, la responsable de comunicación del Comisariado Europeo del Automóvil, Nuria Alonso, ha expresado su apoyo tanto al incremento de la velocidad en algunos tramos de carreteras de alta capacidad, siempre que no implique peligrosidad, como a su reducción en carreteras secundarias, ya que éstas concentran el mayor número de accidente mortales.
En cuanto a la reducción de la velocidad máxima en las carreteras secundarias, ha incidido en que esta medida debe complementarse con otras, como una mayor inversión para mejorar su estado y una vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El PSOE alerta sobre la gravedad de los accidentes
El portavoz del PSOE en materia de Seguridad Vial, Carles Corcuera, ha alertado de que aumentar la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías o autopistas, según contempla el borrador del nuevo Reglamento General de Circulación, puede incrementar las posibilidades de que el accidente de tráfico sea mortal o más grave.
En declaraciones a Europa Press, el parlamentario incide también en que supone un aumento de la contaminación, aparte de un mayor gasto energético. "La media de las autopistas y autovías está por encima de los 120 kilómetros por hora y, si se eleva a 130, ésta ascenderá los 140 kilómetros por hora y con ello aumentaría el riesgo", añade.
El socialista catalán se opone igualmente a la obligatoriedad del uso del casco de bicicleta en las ciudades, como así plantea la norma. A su juicio, todos los colectivos de usuarios de bicicletas están en contra de esta previsible obligatoriedad porque consideran que el riesgo de caída en la ciudad que pueda provocar muerte "es muy bajo", aparte de que desincentiva su uso en la ciudad el hecho de obligar a una persona que alquila una bici que tenga que llevar casco también.
RTVE.es 07/03/2013
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