En la actualidad, y no creo descubrir nada nuevo, nos encontramos
en país endeudado y sometido a organismos financieros internacionales; con una
clase política mediocre, corrupta y que no atiende las necesidades de la
ciudadanía a la que dicen representar. Un país en el que existe una
desconfianza absoluta hacia las instituciones del estado, desde el jefe de
estado hasta la justicia. Un país sin manera alguna de controlar su moneda, con
un sistema bancario “rescatado” que nada más que aporta deudas, sus deudas, a
los ciudadanos. Vamos, un panorama desolador. Y es que el escándalo social es ya asfixiante
como demuestra el último
barómetro del CIS que sitúa a la corrupción política como el segundo
problema más importante del país, solo por debajo del paro.
Corrupción que (parece ser que) está detrás de las magnas obras de
las autopistas de peaje que (parece que) fueron adjudicadas a las grandes
constructoras por una módica donación al partido que estuvo en el poder durante
los años de la germinación de la burbuja inmobiliaria. Y ahora, ¡Claro está! Terminada
la fiesta hace tiempo, y ya despiertos, nos damos cuenta con la resaca de que nos toca
pagar, porque los que más de divirtieron en la fiesta del pelotazo urbanístico,
del "pásame ese sobre que yo te hago el favor de adjudicarte aparentemente de
manera legal esa obra" y del “los pisos nunca bajan” y "esta autopista es
necesaria para facilitar la comunicación entre el centro y las zonas
periféricas” se han marchado con las barrigas llenas y muy satisfechos con lo
que disfrutaron.
Ahora, es al ciudadano, estado mediante, al que le toca pasar por
caja y dejar de lado caprichos como educación, sanidad, transporte público,
servicios sociales y montes públicos, que esas cosas no son importantes para el
bienestar, y mucho menos para los mercados.
Lo llaman responsabilidad
patrimonial de la Administración, yo prefiero llamarlo estafa.
Nadie
nos preguntó si queríamos una autopista de peaje que nos llevara de un solar a
un erial. Nadie nos consultó si preferíamos una vía privada pero con el
respaldo público. Nadie nos lo comentó.
Y ahora, por supuesto, tampoco preguntan. El Ministerio volverá a
inyectar dinero, de
unos 1200 millones a 3500 millones de euros, a las autopistas de peaje,
para salvarlas de la quiebra, pero nos dejan de nuevo de lado. Las
constructoras además, se agitan al ver como sus
inversiones se salvan, y que ellas volverán a arrojar cuentas finales con beneficios,
mientras miles
de personas se quedan sin trabajo, sin poder hacer frente a sus deudas y al
borde del precipicio, si es que no se han tirado ya a él.
No nos preguntan si queremos que el
estado se haga cargo de esas infraestructuras que nada nos dan pero que
mucho piden.
Nunca nos preguntan pero dicen que lo hacen por nosotros. Volvemos
a una segunda época del despotismo ilustrado: “Todo para el pueblo, pero sin
el pueblo…y con el dinero del pueblo”.
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