Ni todas las empresas de autopistas afectadas por la falta de tráfico están en la misma situación, ni todos los bancos están igualmente tocados por el desplome del sistema concesional español, pero el Gobierno trata de convencer a todos los implicados para llevar a cabo antes del verano la nacionalización de nueve autopistas hoy en manos privadas.
Los ingresos por peajes no dan para atender los intereses de los créditos por casi 4.000 millones de euros que apoyaron la construcción de esas infraestructuras. Y con la entrada en concurso de las gestoras de la Madrid-Toledo (AP-41), Radial 4, Radiales 3 y 5, la Ocaña-La Roda (AP-36) y Cartagena-Vera (AP-7), el Gobierno se enfrenta a la ejecución por parte de los bancos de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) si finalmente, tal y como parece, el futuro de cada una de las concesionarias es la liquidación.
También están en máximas dificultades la M-12 (Eje Aeropuerto), la Radial 2 o la circunvalación de Alicante. Detrás de todas ellas figuran accionistas como Abertis, ACS, Ferrovial, Sacyr, Globalvía, Isolux, Comsa o Azvi, entre otras, que tienen asumido que perderán buena parte del capital aportado.
La banca, por su parte, ve más o menos asegurada la recuperación de sus préstamos, pero no en todos los casos. La concesionaria de la Radial 2, participada por Abertis y ACS, carece de RPA y es ella misma y no el Estado la que responde de la deuda pese a que se dé una situación inesperada en el contrato de concesión como es el desplome del tráfico por la crisis. En cualquier caso, Fomento va a hacer lo imposible por evitar la citada ejecución de la RPA, de 3.800 millones entre las nueve autopistas quebradas. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), que dirige Juan Alfaro, tiene conversaciones avanzadas con la banca para la nacionalización. Según fuentes cercanas a los contactos, son Bankia y La Caixa quienes lideran la negociación por parte de las entidades.
La intención del Gobierno es crear una empresa nacional de autopistas, como lo fue ENA en los años ochenta y noventa, y que ésta refinancie la deuda de los activos nacionalizados. En el tira y afloja, la banca parece estar por la labor de aceptar intereses blandos en los primeros años, con el fin de que los escasos ingresos de esas autopistas soporten el servicio de la deuda, pero está poniendo trabas a cualquier intento de establecer quitas.
El artículo 247 de la Ley de Contratos del Sector Público aplica a la responsabilidad patrimonial de la Administración el papel de garantía para la concesionaria en caso de resolución anticipada de un contrato. Y esa RPA es la que las concesionarias tienen como prenda en sus acuerdos de financiación con la banca. En definitiva, es el Gobierno quien debe responder.
Otros flecos por resolver, respecto a la masa acreedora en caso de rescate, tienen que ver con el tratamiento de los expropiados aún no compensados y con las deudas que distintas concesionarias tienen con las constructoras que ejecutaron los proyectos años atrás. En este último sentido, OHL ha reconocido en sus cuentas de 2012 provisiones por la insolvencia de la concesionaria de las Radiales 3 y 5, cuyas obras no ha terminado de cobrar.
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