Nuevo revés para Florentino Pérez, ahora por la batalla de las autopistas radiales de Madrid, la R-3 y la R-5. El presidente de ACS acaba de recibir la mala noticia de la reapertura del contencioso que mantenía junto a Sacyr contra Abertis y Bankia, sus socios en la compañía Alazor Inversiones, gestora de estas dos autopistas de peaje. En mayo de 2014 el Tribunal Arbitral falló a favor de ACS y Sacyr, pero ahora el laudo se ha anulado al descubrirse la vinculación del arbitro del tribunal, José María Alonso Puig, con ACS.
Según se hace eco El Confidencial, la decisión ha llegado a instancias de la investigación que ha realizado la firma británica Haklut & Co, que ha sido la que ha puesto sobre la mesa las vinculaciones de Alonso Puig con la constructora de Florentino Pérez.
El contencioso entre las compañías agrupadas en Alazor Inversiones comenzó en 2013, cuando Abertis y Bankia emprendieron el arbitraje tras intentar ejercer sus opciones de venta en la concesionaria, que se estimaban en un importe de hasta 120 millones de euros, y se encontraron con la negativa de las constructoras. ACS y Sacyr no lo permitieron al entender que no se daban los supuestos previstos en el pacto de accionistas, debido precisamente a la situación de pérdidas incurridas en las radiales y la consiguiente alteración del equilibrio económico y financiero del proyecto. Y es que hay que recordar que tanto la R-3 como la R-5 se encuentran actualmente en situación de suspensión de pagos.
El conflicto acabó en la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), que puso en marcha el proceso para la designación del correspondiente tribunal de resolución con sus respectivos árbitros, una tarea que según recuerda El Confidencial no fue nada sencilla dado que más de 50 nombres se descartaron por diferentes incompatibilidades derivadas de eventuales conflictos de interés con las partes en litigio. Finalmente fueron seleccionados José María Alonso Puig, actual socio director de Baker & McKenzie, junto a los expertos Carlos José Entrena Palomero y Ramón Cerdeiras Checa, que tras presentar la correspondiente declaración de independencia e imparcialidad acabaron por dar la razón a ACS y Sacyr: las opciones de venta requeridas por Abertis y Bankia no estaban vigentes, por lo que el capital de Alazor Inversiones debía mantenerse invariable: Abertis, con un 35% de la participación; Sacyr, con un 25%, y Bankia y ACS, con un 20% cada una. Aunque ahora las cosas podrían cambiar, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el pasado mes de diciembre todas las actuaciones arbitrales. Ahora deberán declarar dos socios del bufete Garrigues: Carlos de los Santos y José María Anguiano, que podrían esclarecer las vinculaciones de José María Alonso Puig con ACS.
El mencionado digital explica que el tribunal madrileño tratará de esclarecer si hubo o no conflicto de intereses. Sobre todo teniendo en cuenta la relación de algunas empresas para las que ha trabajado Alonso Puig con ACS. En concreto, se hace eco de su labor como consejero externo de la constructora vallisoletana Corporación Llorente, que diversifica su actividad a través de varias filiales entre las que destacan Inverduero y Collosa, dos marcas que aparecen asociadas con diferentes empresas de ACS en varios proyectos a lo largo de los últimos años. De momento el laudo ha sido anulado y lo que ahora se trata de dilucidar es la garantía de independencia e imparcialidad declarada por los árbitros elegidos en su día.
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