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| Foto: Reuters. |
Abertis y Bankia emprendieron en 2013 un arbitraje contra ACS y Sacyr, sus socios en la compañía Alazor Inversiones, que es la responsable de gestionar estas dos autopistas de peaje. Los demandantes trataban de ejercitar sus opciones de venta en la concesionaria, que se estimaban en un importe de hasta 120 millones de euros. Las constructoras se negaron a abrir la puerta de salida al entender que no se daban los supuestos previstos en el pacto de accionistas, debido precisamente a la situación de pérdidas incurridas en las radiales y la consiguiente alteración del equilibrio económico y financiero del proyecto.
Sea como fuere, y al margen de las negociaciones todavía sin resolver con el Ministerio de Fomento, las grandes empresas interesadas en la R-3 y R-5 decidieron elevar su conflicto al arbitraje de la Corte de Madrid, que puso en marcha el proceso para la designación del correspondiente tribunal de resolución. La nominación de los árbitros no fue nada sencilla, puesto que más de 50 profesionales fueron desestimados por diferentes incompatibilidades derivadas de eventuales conflictos de interés con las partes en litigio. Finalmente, la selección recayó en una terna formada por José María Alonso Puig, actual socio director de Baker & McKenzie, junto a los expertos Carlos José Entrena Palomero y Ramón Cerdeiras Checa.
Los tres árbitros presentaron en febrero de 2013 su declaración de independencia e imparcialidad como paso previo para llevar a cabo el análisis del conflicto y emitir el preceptivo laudo, cuya resolución se hizo efectiva el 20 de mayo de 2014. El arbitraje señaló que las opciones de venta requeridas por Abertis y Bankia no estaban vigentes, tal y como argumentaban ACS y Sacyr. El capital de Alazor Inversiones debería, por tanto, mantenerse invariable de acuerdo con el reparto accionarial que sitúa a Abertis, con un 35% de la participación; Sacyr, con un 25%, y Bankia y ACS, con un 20% en números redondos cada una.
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| Florentino Pérez en la junta de accionistas de ACS. (EFE) |
Un año y medio después, la situación puede dar un giro dado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de retrotraer el procedimiento tras un recurso presentado por Abertis y en el que se solicita la nulidad de actuaciones de la sentencia que ratificó en septiembre pasado el laudo de los árbitros. Las diligencias se sitúan ahora en el momento anterior a la vista del juicio con el fin de tomar declaraciones a nuevos testigos que puedan esclarecer el caso. Según ha podido saber El Confidencial, está prevista la comparecencia en sede judicial de dos socios del bufete Garrigues: Carlos de los Santos y José María Anguiano, cuya intervención podría ser decisiva para demostrar si existe vinculación efectiva en las relaciones profesionales de José María Alonso Puig con las entidades empresariales dirigidas por Florentino Pérez.
El presidente del Tribunal Arbitral de las radiales y jefe en España del despacho legal Baker & McKenzie ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Garrigues, donde llegó a ser socio codirector entre 2000 y 2009, asumiendo después la coordinación del área de Arbitraje internacional hasta finales de 2012. Esta brillante trayectoria ha estado jalonada por otros cargos de alta responsabilidad empresarial, y es precisamente en este historial paralelo donde ahora se enfocan las cargas de la prueba que sirven como denuncia de un eventual conflicto de interés con el grupo ACS.
No en vano, José María Alonso Puig fue nombrado en septiembre de 2009 como flamante y prestigioso consejero externo de Corporación Llorente, la constructora vallisoletana de la familia del mismo nombre y bajo la que se agrupa un importante 'holding' de empresas con proyección en los sectores de infraestructuras, energías renovables y gestión inmobiliaria. La entidad diversifica su perímetro de actividad a partir de varias filiales entre las que destacan Inverduero y Collosa, dos marcas que aparecen asociadas con diferentes empresas de ACS en otros tantos proyectos de negocio protagonizados estos últimos años por el grupo que preside Florentino Pérez.
Inverduero Eólica aparece en el listado de accionistas históricos junto a Eyra (Energía y Recursos Ambientales) y Urbaenergía, ambas dependientes de ACS, como titular de las empresas que daban soporte jurídico a los parques de activos renovables que fueron vendidos en septiembre de 2011 a los fondos de inversión representados por Bridgepoint. La operación supuso la transmisión de cinco sociedades limitadas que eran propietarias de un total de 11 instalaciones de generación eléctrica situadas en Castilla y León, con una capacidad conjunta de casi 450 megavatios. El valor de la transacción, deuda incluida, superó los 600 millones de euros.
La conexión societaria con el grupo de Florentino Pérez se extiende también a través de la firma Collosa, filial de construcción de Corporación Llorente, que es la adjudicataria junto a ACS y Sogeosa del tramo del AVE a Galicia comprendido entrePortocamba y Cerdedelo. Collosa y ACS formaron además un consorcio en 2009 para construir una planta de biomasa en el valle del Tiétar. Otro negocio conjunto fue también la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, cuyo proyecto ha sido recientemente anulado por el Tribunal Constitucional pero en el que se embarcaron en su día las citadas Collosa, Inverduero y Eyra, así como Urbaser, la filial de servicios que ACS lleva intentando vender desde hace cuatro años.
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| José María Alonso Puig. |
Las pesquisas que han propiciado la reapertura del caso de las radiales incluyen también una derivada vinculada con el que fuera secretario general del Círculo de Empresarios y presidente de Alstom en España, Antonio Oporto, que fue también consejero delegado de Corporación Llorente desde marzo de 2011 hasta octubre de 2012, coincidiendo por tanto con el citado José María Alonso Puig en el máximo órgano de gobierno del grupo vallisoletano. Se da la circunstancia de que Oporto había sido previamente, allá por el año 2004,consejero de Dragados, la marca de ACS en el negocio de la construcción.
Al margen de las conjeturas generadas por la susceptibilidad de las distintas partes en conflicto, todo este esquema de relaciones profesionales y empresariales se ha puesto ahora en tela de juicio ante los tribunales ordinarios de justicia. Las espadas están de nuevo en todo lo alto y lo que ahora se trata de dilucidar es la garantía de independencia e imparcialidad declarada por los árbitros que fueron elegidos en su día después de una compleja selección.
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