Marcha lenta de camiones por la N-340, el 12 de diciembre, para exigir la gratuidad de la autopista AP-7. |
Termina el 2015 y las Administraciones no han conseguido encontrar soluciones para la carretera más mortífera de Catalunya. La N-340se ha cobrado este año 19 víctimas mortales a su paso por Tarragona (15 de ellas en el tramo de las Terres de l’Ebre), frente a las nueve del 2014 (seis en el sur de la provincia). Desde que el territorio se puso en pie de guerra en septiembre, después de sumar cuatro muertos en tres días por dos accidentes en el mismo tramo de El Perelló (Baix Ebre), lo poco que se ha hecho por mejorar la seguridad no ha contentado a nadie. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Amposta ha dado una tregua navideña para reanudar a partir del 7 de enero cortes de la carretera semanales.
Más de 500 vecinos del Camp de Tarragona cortan la N-340 en l’Arboç para exigir la gratuitidad de la AP-7 |
"A partir de ahora se podrán comprobar las mentiras de los políticos", ha pronosticado este miércoles Àngel Porres, portavoz del movimiento vecinal que reclama la gratuidad total de la autopista AP-7 como mejor solución para intentar poner fin a la alta siniestralidad de la carretera. Se refiere a la dilación en la solución del problema que han supuesto las elecciones municipales del 27-S y las generales del pasado 20 de diciembre, y a que las primeras medidas impulsadas por el Ministerio de Fomento no satisfacen ni a los vecinos ni a los transportistas.
Como medida de choque frente a los accidentes y a la espera de que la carretera se desdoble en autovía, Fomento se ha comprometido a construir ocho rotondas en el tramo sur de la carretera (ya están en servicio una en El Perelló y otra en L’Ametlla de Mar), se ha reducido la velocidad a 80 kilómetros por hora y se ha pintado una doble línea continua para evitar los adelantamientos entre El Perelló y Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp). Porres, sin embargo, considera que son medidas encubiertas para favorecer la utilización de la autopista ya que impiden los adelantamientos y reducen la velocidad.
También los transportistas están en contra de las rotondas y de las kilométricas hileras de conos que puso durante un par de meses Trànsit de la Generalitat para intentar mejorar la seguridad. "No hay ninguna novedad", dicen desde la Federación Empresarial de Autotransporte de la provincia (FEAT), que se ha opuesto desde el primer momento a la propuesta de Santi Vila, 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, para desviar de forma obligatoria los camiones hacia la AP-7, como ya se hizo en la N-2 en Girona.
Más de un centenar de camiones se sumaron el 12 de diciembre a las protestas de los vecinos con marchas lentas por la autopista y por la carretera. El Gobierno, la Generalitat e instituciones como el RACC coinciden en que la solución pasa por echar a los camiones de la N-340. Pero el presidente de la FEAT, Josep Lluís Aymat, no se cansa de repetir que "la experiencia de Girona es muy negativa" para el sector del transporte por carretera. "No pueden obligarnos a pasar por la autopista y pagar, aunque haya bonificaciones", insiste Aymat tras señalar que la medida les "atribuye la responsabilidad y el coste" de los accidentes.
Según los datos que maneja la federación vecinal, desde el 2010 se han producido 68 muertes en el tramo tarraconense de la N-340. Por la misma circulan hasta 25.000 vehículos de media a diario en 70 kilómetros con un solo carril en cada sentido en el tramo de las Terres de l’Ebre. La situación se complica porque el 30% de estos miles de vehículos son camiones, la mayoría de ellos de gran tonelaje, una densidad muy elevada. "Los conductores de turismos no tienen paciencia y hacen adelantamientos peligrosos", denuncian los camioneros para quitar hierro a que en la mayoría de accidentes estén implicados camiones.
De los 155 kilómetros que tiene en Tarragona la carretera que une Cádiz con Barcelona, solo 45 están desdoblados en la autovía A-7 a pesar de que la reivindicación de esta vía rápida se remonta a más de 15 años. A las protestas de alcaldes y vecinos en el sur del tramo catalán de la N-340 se suman las que en el norte protagonizan la docena de alcaldes reunidos en el llamado Pacto de Berà. En todos los casos piden que se aceleren las obras para completar la autovía, pero es algo que ven a muy largo plazo y cada vez son más los creen que la mejor solución es liberar el peaje de la autopista. "Estamos pagando la autopista AP-7 desde 1974", lamenta el dirigente vecinal Àngel Porres.
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