El Gobierno gallego se ha aferrado con fuerza al debate sobre latransferencia de las dos autopistas de titularidad estatal en esta comunidad, la AP-9 y la AP-53, y parece dispuesto a dar la batalla por una reclamación que pese a contar con el respaldo unánime del Parlamento lleva años chocando con la negativa de Madrid. De momento, el pulso abierto por la Xunta ante el Estado ascenderá un peldaño más en las instancias administrativas. En primer lugar, dos partes negociarán las discrepancias que sobre este punto se dan tanto en la Ley de Carreteras como en la norma autonómica en esa misma materia, la Lei de Estradas. Después, designarán un grupo de trabajo para trasladar una propuesta de solución a la comisión Xunta-Estado. Y finalmente ese órgano comunicará el acuerdo al Tribunal Constitucional.
Este itinerario, que fue acordado el pasado 9 de diciembre por la comisión bilateral, será por tanto decisivo para aclarar la disputa sobre la titularidad de las dos vías de pago. El último episodio en ese pulso tuvo como detonante la Ley de Carreteras, en la que Galicia volvió a recibir calabazas a su demanda del traspaso de las autopistas. En el caso concreto de la AP-9, cuya explotación ha generado 2.400 millones desde 1979, Fomento rechazó las alegaciones que la Xunta formuló en la primavera pasada a la norma estatal. El Ejecutivo de Feijoo aprovechó la petición de la Dirección General de Carreteras, que le remitió el proyecto de ley, para reactivar su reclamación del traspaso de la autopista. En paralelo, el grupo parlamentario del PP en el Congreso, a través del ourensano Celso Delgado, había espoleado a los partidos de la oposición para solicitar la transferencia en el marco de la tramitación de la ley. Pero el Gobierno de Rajoy bloqueó en el texto esa vía, al rechazar las tesis de la Xunta.
En sus alegaciones, que canalizó a través de la Axencia Galega de Infraestruturas, el Ejecutivo autónomo ya apuntó sin éxito al meollo del debate sobre el que ahora tendrán que volver a discutir las dos Administraciones. Planteó, en concreto, que, ante la reclamación del traspaso y las discrepancias que suscita entre Xunta y Estado, el Gobierno central debería aprovechar la tramitación del nuevo marco sobre carreteras para establecer los mecanismos legales para favorecer la transferencia de la AP-9, «de forma que se eviten ambigüedades y diferentes interpretaciones por parte de cada Administración», puntualizó. Pero el Ejecutivo central optó por inhibirse sobre esas alegaciones. Eso sí, optó por incluir la autopista del Atlántico entre las vías de interés general. Ratifica así el criterio que, antes el Gobierno de Zapatero y después el de Rajoy, han mantenido sobre este asunto, al insistir en considerar la AP-9 como un itinerario de carácter internacional, porque llega a la frontera con Portugal.
Frente a esto, la Xunta defiende en vano que la vía de pago no remata en Tui, sino que desemboca en la autovía A-55. «En consecuencia, parécenos que iso entra dentro das competencias estatutarias», insistía en octubre Feijoo. Además, la Xunta maneja otros argumentos, como los de proporcionar un servicio de mayor calidad a los usuarios e incluso ofrecer tarifas más ajustadas. Respecto a este último punto, el Gobierno gallego recordó el mes pasado que en las dos autopistas de su competencia, la AG-55 (A Coruña-Carballo) y la AG-57 (Vigo-Baiona), siempre se han bajado o congelado los precios de los peajes cuando las razones técnicas así lo posibilitaron.
Además de la titularidad de la AP-9 y la AP-53, Xunta y Estado debatirán otros dos puntos de conflicto. Por una parte, la transferencia a la comunidad de carreteras de la red estatal sin una negociación previa. Por otra, la decisión del Estado de no incluir en los proyectos viarios informes que la Xunta estima preceptivos.
La tramitación de la Ley de Carreteras volvió a retratar la posición de rechazo que el Gobierno central siempre ha mantenido en relación al traspaso a Galicia de la AP-9. Ni el consenso pleno que el Parlamento renueva periódicamente sobre esa reivindicación, ni su refresco periódico por parte de la Xunta, han conseguido doblegar la resistencia de Madrid. Ese muro sigue en pie, con independencia del color político del Gobierno.
Mientras tanto, el negocio sigue en la autopista en la que, en el 2000, Aznar decidió ampliar hasta el 2048 la concesión que finalizaba en el 2023. Audasa ha rentabilizado el filón de la AP-9, una de las más caras y que carece de las bonificaciones de otras vías de pago, en los años más duros de la crisis, en los que el vial acumuló una subida media del 26,5 %. Solo en el 2012, las tarifas se encarecieron casi un 14 %. La subida del 3,29 del IPC de aquel año se agravó con dos decisiones del Gobierno. El incremento del IVA encareció el peaje un 3 %; y el acuerdo de Fomento de dejar de pagar la parte que sufragaba desde el 2000, un 7,5 % más.
Esto ha mantenido una curva ascendente en la recaudación en cabina que se ha visto impulsada en el 2015 por la recuperación del tráfico, ante el repunte de la actividad económica. En el primer semestre del año pasado, sumó 62,2 millones, con un incremento del 5,3 %. Y la caja seguirá sonando en los próximos años. La ampliación de la AP-9 en Rande y Santiago será compensada con una subida adicional en los peajes del 1 % durante 20 años.
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