jueves, 21 de febrero de 2013

Se rescatan autopistas…se desahucia a gente



No se pueden hablar de datos fiables sobre los desahucios en este país, ya que los datos que se manejan ofrecidos por notarios y registradores engloban tanto las primeras viviendas, como segundas, locales, parcelas sin construir, etc. Pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estima que desde 2008 el número de desahucios podría haber llegado hasta los 171.110 (hasta el 2012). Durante el pasado año, el número de desahucios diarios llegó a 517 (46.559 desahucios sólo en el primer trimestre), y muchos de ellos con las terribles consecuencias sociales, de marginación, exclusión y desesperación que en ocasiones han llegado a los suicidios. Un triste récord que pesa sobre el estado y sobre los políticos que gestionan al país.


Y mientras tanto, ante este injusto panorama, se consensuan y se mantienen rescates bancarios y de concesionarias de autopistas, y un marco fiscal que protege a las grandes empresas que son las que menos tributan del mundo y las que más dinero desvían a paraísos fiscales, todo con la ayuda de políticos corruptos e inútiles.
Mientras hay personas que se quedan en la calle, hay autopistas que se mantienen con el dinero público. Mientras hay personas que buscan refugio bajo los puentes de esas autopistas, el gobierno se dedica a tapar las goteras con las ayudas que se dan a las concesionarias. Y mientras continúa el agujero de las autopistas, se destapa el de los desahucios. Es como si pareciera que el estado, ese al que parece que hay que tenerle tanto orgullo, quisiera que al final esas autopistas nos sirvieran de casa.


Son sólo 3.000 millones, me dirán algunos. ¡Si! De momento sólo 3.000 millones, eso dijeron en el 2012, veremos si como con el rescate bancario, esa cifra no está tergiversada, y al final son algunos ceros más, pero aunque fueran 2 euros, el estado debe proteger a sus ciudadanos, no a las empresas, y mucho menos a infraestructuras que desde un principio tuvieron un futuro incierto y que ya huelen a podredumbre y a sobres de dinero corrupto.
La obligación del estado es velar por los principios que se enuncian en la constitución y no de protectora de los intereses privados. Sin embargo se rescatan autopistas y se desahucia a gente.

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