El grupo Ferrovial y la Comunidad de Madrid
llevaban un tiempo negociando por la situación de la M-203, una de las
concesiones de autopistas de peaje que el Gobierno autonómico otorgó en
2005 y que debería haber entrado en funcionamiento en 2008 pero cuyas
obras se encuentran paralizadas desde hace algunos años. Sin embargo,
las conversaciones no han llegado a buen puerto por lo que la opción de
los tribunales cobra cada vez mayor fuerza.
Ferrovial quiso evitar a toda costa que la M-203, cuyo trazado
transcurriría por el corredor del Henares para unir las localidades de
Alcalá y Mejorada del Campo, en el norte de la provincia de Madrid, se
convirtiera en otra concesión abocada a la quiebra debido a los elevados riesgos por los sobrecostes de las expropiaciones.
Pero además, la compañía controlada por la familia Del Pino alega que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid modificó sustancialmente el plan
económico y financiero de la concesión cuando las obras ya estaban en
marcha, lo que suponía un incremento adicional del 20% de la
inversión, estimada en principio en cerca de 80 millones de euros. Ante
estas circunstancias, la compañía y el Gobierno regional decidieron
abrir un periodo de negociaciones pero el compás de espera está a punto
de finalizar.
Así, la compañía decidió en el tramo final del pasado ejercicio
presentar una solicitud definitiva de resolución de contrato por causa
imputable a la Administración concedente, en este caso la Comunidad de
Madrid, sin duda en referencia a las citadas modificaciones que, unidas a
la bajada de las cifras de tráfico como consecuencia de la crisis y a
los sobrecostes por expropiaciones hubieran hecho inviable la concesión.
Un problema extendido: Sin embargo, según figura en el informe anual de Ferrovial, la
Comunidad de Madrid no ha respondido aún a esa solicitud. Si este
escenario persiste hasta finales de marzo, la empresa deberá entender
por desestimada su petición por vía del silencio administrativo, con lo
que tendrá que recurrir a presentar una demanda en los tribunales de lo contencioso-administrativo para tratar de quedar definitivamente desligado del contrato de la concesión.
Ferrovial ya se ha visto afectada por algunos concursos de acreedores
presentados por concesionarias en las que participa. Sin ir más lejos,
el último fue el de la AP-36 (Ocaña-La Roda), en el que la empresa
presidida por Rafael del Pino estaba presente junto a Sacyr.
A este respecto, el Ministerio de Fomento está estudiando diversas
fórmulas para tyratar de solventar los desequilibrios financieros que
han afectado a las concesionarias y que han provocado que hasta seis de
ellas hayan tenido que acogerse a la figura del concurso de acreedores.
En este sentido, la ministra, Ana Pastor, aseguró que su departamento
estudia alargar el plazo de las concesiones como una de las opciones,
al tiempo que descartó por el momento el empleo de la denominada
euroviñeta, como sistema de pago por empleo de las autopistas.
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