El pulso de la familia Del Pino, dueña de Ferrovial, con la Comunidad de Madrid por la construcción de una autopista sin terminar ha llegado a los juzgados. La compañía de infraestructuras ha presentado un recurso en la Sala de de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que solicita la resolución de la concesión de la carretera de peaje M-203 que exige una inversión de casi 100 millones y por el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llamado la atención a la sociedad.
La decisión de acudir a los tribunales se debe a la callada por respuesta que la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid dio a la compañía cuando solicitó que se anulase la concesión otorgada en 2005. Ferrovial pidió la rescisión del contrato el 31 de octubre de 2012 y esperó tres meses a que el organismo dirigido por Ignacio González se pronunciase. Al no hacerlo, el pasado 20 de febrero optó por acudir al Tribunal Superior de Justicia, según consta en la documentación sobre los resultados del primer semestre remitidos a la CNMV.
Ferrovial detalla esta información porque la institución que supervisa los mercados de valores le pidió el 15 de junio una explicación muy pormenorizada sobre la contabilización de distintos activos que no aparecía en su auditoria de 2012. La compañía de los Del Pino contestó el 8 de julio punto por punto a todas las aclaraciones de la CNMV, entre las que se encontraba la situación de la autopista 203 que une Madrid con Alcalá de Henares. El grupo expone que esta concesión tiene una provisión por deterioro de 10 millones de euros, pese a que la inversión inicial era de 70 millones.
La MP-203 estaba destinada a ser una autopista relevante, ya que con su construcción se pretendía descongestionar el tráfico de la A-2 (carretera de Barcelona) que une Madrid con Alcalá de Henares. Un trayecto de 30 kilómetros en el que se pueden llegar a emplear 60 minutos en plena hora punta. Cintra, la filial de Ferrovial, se adjudicó dicha concesión en 2005 por los siguientes 30 años y empezó a construir los 12,5 kilómetros del recorrido. Era la primera autopista de pago directo por los usuarios que uniría la A-2 por Torrejón de Ardoz y la M-208 a la altura de Mejorada del Campo.
Sin embargo, en 2007, Ferrovial paralizó las obras al estimar que el Gobierno regional presidido en aquel momento por Esperanza Aguirre modificó sustancialmente el plan económico y financiero de la concesión, lo que suponía un incremento adicional del 20% de la inversión. La Comunidad de Madrid tiene otro punto de vista, ya que acusa a la compañía de no obtener los permisos para ejecutar una parte de la obra que pasaba por debajo del AVE a Barcelona y la conexión de la R-3. Ante estas circunstancias, los Del Pino y la Comunidad empezaron a negociar cómo resolver un conflicto que tras muchas discusiones, como la carretera, no iba a ninguna parte.
El destino final ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que resolver la disputa. Ignacio González ha amenazado a Ferrovial con la imposición de sanciones, la ejecución de la garantía y hasta la incautación de la concesión.
Un problema que se añade a los procesos concursales en los que se encuentran inmersas otras dos autopistas de peaje R-4, que transita por el sur de Madrid, y la que une la capital con el Levante. Hasta el pasado año, Ferrovial había contabilizado una provisión de 345 millones de euros por todos los posibles sobrecostes de esta inversión, que el Ministerio de Fomento intenta reparar mediante la creación de un banco de carretera de pago en bancarrota.
Sin embargo, después de los informes de los administradores concursales, emitidos el pasado mes de mayo, Ferrovial reconoce en la documentación remitida a la CNMV que las pérdidas esperadas por la R-4 y la Madrid-Levante se han elevado en 99 millones, hasta los 444 millones. La sociedad explica que, en su opinión, este incremento de los costes adicionales “deberá ser asumidos por la Administración, habilitando préstamos participativos que se devolverán con incrementos de tarifas futuras”
El Confidencial.com 08/08/2013
La decisión de acudir a los tribunales se debe a la callada por respuesta que la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid dio a la compañía cuando solicitó que se anulase la concesión otorgada en 2005. Ferrovial pidió la rescisión del contrato el 31 de octubre de 2012 y esperó tres meses a que el organismo dirigido por Ignacio González se pronunciase. Al no hacerlo, el pasado 20 de febrero optó por acudir al Tribunal Superior de Justicia, según consta en la documentación sobre los resultados del primer semestre remitidos a la CNMV.
Ferrovial detalla esta información porque la institución que supervisa los mercados de valores le pidió el 15 de junio una explicación muy pormenorizada sobre la contabilización de distintos activos que no aparecía en su auditoria de 2012. La compañía de los Del Pino contestó el 8 de julio punto por punto a todas las aclaraciones de la CNMV, entre las que se encontraba la situación de la autopista 203 que une Madrid con Alcalá de Henares. El grupo expone que esta concesión tiene una provisión por deterioro de 10 millones de euros, pese a que la inversión inicial era de 70 millones.
La MP-203 estaba destinada a ser una autopista relevante, ya que con su construcción se pretendía descongestionar el tráfico de la A-2 (carretera de Barcelona) que une Madrid con Alcalá de Henares. Un trayecto de 30 kilómetros en el que se pueden llegar a emplear 60 minutos en plena hora punta. Cintra, la filial de Ferrovial, se adjudicó dicha concesión en 2005 por los siguientes 30 años y empezó a construir los 12,5 kilómetros del recorrido. Era la primera autopista de pago directo por los usuarios que uniría la A-2 por Torrejón de Ardoz y la M-208 a la altura de Mejorada del Campo.
Sin embargo, en 2007, Ferrovial paralizó las obras al estimar que el Gobierno regional presidido en aquel momento por Esperanza Aguirre modificó sustancialmente el plan económico y financiero de la concesión, lo que suponía un incremento adicional del 20% de la inversión. La Comunidad de Madrid tiene otro punto de vista, ya que acusa a la compañía de no obtener los permisos para ejecutar una parte de la obra que pasaba por debajo del AVE a Barcelona y la conexión de la R-3. Ante estas circunstancias, los Del Pino y la Comunidad empezaron a negociar cómo resolver un conflicto que tras muchas discusiones, como la carretera, no iba a ninguna parte.
El destino final ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que resolver la disputa. Ignacio González ha amenazado a Ferrovial con la imposición de sanciones, la ejecución de la garantía y hasta la incautación de la concesión.
Un problema que se añade a los procesos concursales en los que se encuentran inmersas otras dos autopistas de peaje R-4, que transita por el sur de Madrid, y la que une la capital con el Levante. Hasta el pasado año, Ferrovial había contabilizado una provisión de 345 millones de euros por todos los posibles sobrecostes de esta inversión, que el Ministerio de Fomento intenta reparar mediante la creación de un banco de carretera de pago en bancarrota.
Sin embargo, después de los informes de los administradores concursales, emitidos el pasado mes de mayo, Ferrovial reconoce en la documentación remitida a la CNMV que las pérdidas esperadas por la R-4 y la Madrid-Levante se han elevado en 99 millones, hasta los 444 millones. La sociedad explica que, en su opinión, este incremento de los costes adicionales “deberá ser asumidos por la Administración, habilitando préstamos participativos que se devolverán con incrementos de tarifas futuras”
El Confidencial.com 08/08/2013
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