Que una de las causas de la crisis actual en España es la
explosión de la burbuja inmobiliaria no lo duda nadie. Que otra de las causas
sea, como dicen algunos políticos del gobierno, que “hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades” ya es más dudoso. La unión entre el capital financiero
(banca, cajas de ahorro, compañías de seguros y otras instituciones financieras),
el sector inmobiliario y la clase política dirigente crearon tal burbuja. Y es
que en los últimos diez años se han construido en España más viviendas que en
el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y pese a esto, que según toda
lógica, hubiera creado un mercado de casas y viviendas a la baja, , los precios
se dispararon el 150%, subiendo mucho más rápidamente que los salarios, y ello
como resultado de una abusiva especulación. Tanto la banca, las cajas, las
constructoras y la clase política (no hay nada más que ver los numerosos casos
de corrupción urbanística que salpican la geografía) se enriquecieron con todo
esto. Y mientras la distancia entre los precios de la vivienda y los salarios
crecía, intentándose llenar con el crédito, el índice de endeudamiento de las
familias, crecía al mismo ritmo.
Ahora, en el momento que la banca española tiene que
devolver el dinero prestado por los bancos alemanes fundamentalmente, el
estado, con tal de evitar la caída del sector financiero, presta dinero a éstos
y somete a enormes sacrificios a las
clases populares. Y aún estamos al principio. Se volverá a subir el IVA, se
recortarán más servicios públicos, y, todo hace prever que hasta movernos de un
punto a otro de la geografía, se nos hará caro.
El Ministerio de Fomento ya anunció hace unos meses
que estaba estudiando el imponer peajes en las carreteras de alta capacidad
propiedad del estado; seguidamente la Comunidad de Madrid se abalanzó sobre
esta idea, y ahora, son las empresas privadas las que instan a este modelo con
la idea de salvar sus paupérrimas economías sobre las que invirtieron, como
fueron las autopistas de peaje.
Salvador Alemany, el presidente de Abertis, la gran
concesionaria de algunas de las radiales, y de casi la mayor parte de las
autopistas de peaje del norte de España, defiende que se generalice el cobro
peajes en toda la red de carreteras del país, de forma que las autovías hasta
ahora gratuitas pasen a ser de pago: "El
pago por uso se está implantando en toda Europa y necesariamente se tiene que
imponer también en España”, justificando que el dinero público hoy en día
no es suficiente para mantenerlas. Pero ¿es esto cierto? Pues no del todo. Si que
es cierto que, al igual que el transporte público, el usuario que lo utiliza,
ayuda a su mantenimiento, pero hay dos cosas que echan por tierra esto. Por un
lado que ya se pagan suficientes impuestos para este fin y, por otro, ¿es
necesario que el ciudadano tenga que pagar la amplia red de vías de alta
capacidad que en muchos caso ni tan siquiera está dimensionada para un volumen
de tráfico tan pequeño?
Al final este modelo, permitirá aliviar la situación de las
autopistas en dificultades o en quiebra, ya que, cualquier persona que se
enfrente al dilema de pagar por una autopista privada de buena calidad o por una
pública de peor calidad, optaría por la primera en la mayoría de los casos.
Alemany también comentó que "Además, los ciudadanos no entienden que
tengan que pagar en una autopista y puedan circular gratis por una autovía que
hace un recorrido prácticamente igual", obviamente, el ciudadano lo
que no entiende es por un lado que además de pagar el rescate de las
concesionarias con su dinero, tenga que, a partir de ahora, pagar por algo que
ya paga, es decir, hacer un re-pago.
Desde luego, Alemany, su lógica es aplastante.
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