La situación legal de las infraestructuras afectadas por la caída del tráfico no permiten la dilación de la creación de la sociedad pública que se hará cargo de sus responsabilidades financieras y operativas.
Después de diversos intentos fallidos, el Ministerio de Fomento va a citar en breve a las empresas afectadas por la crisis de las autopistas de peaje, tanto a las concesionarias como a las constructoras, que están afectadas por un agujero financiero que ronda los 4.300 millones de euros. La solución se ha alargado más de lo previsto en el peor de los escenarios planteados, pero la situación legal de las sociedades implicadas, que están en diferentes procesos legales, no permite demasiadas dilaciones.
Los obstáculos para un acuerdo de salvación de estas infraestructuras, que se ha diseñado a través de la creación de una sociedad de mayoría pública, provienen tanto de las empresas como del Ministerio de Hacienda. Más impedimentos, según los mismos medios, que por parte de la banca, que estaría afectada por la quita de la deuda del 50% que se plantea desde el departamento que dirige Ana Pastor.
Además, el departamento de Cristóbal Montoro se opone a cualquier operación que implique aportaciones públicas significativas, pero especialmente a que sean consideradas por las autoridades de Bruselas como ayudas que puedan contabilizarse y sumarse al déficit público. Esta es una frontera que no va a permitir traspasar.
Con todo y pese a la quita, la deuda que asumiría la empresa pública -que tiene que estar controlada por el Estado para que no se consideren ayudas a compañías privadas- será de 2.000 millones de euros. El diseño de la sociedad pública es, por tanto, muy complejo, pero significará, según fuentes del sector, la creación de una entidad que sería rentable a medio plazo, siendo constituida con activos que están en quiebra.
El ministerio pretende explotar las autopistas que se incluirían en la nueva empresa nacional con el objetivo de que generen recursos para atender este pasivo sin que sea así necesario inyectarles recursos públicos. En los cuatro primeros meses del año estas autopistas mantuvieron la tendencia de pérdida de usuarios registrada en los últimos siete años.
No obstante, tampoco en el lado empresarial existe una posición conjunta, ya que parte de las empresas se niegan a renunciar a su patrimonio, pese a que haya sido provisionado, con lo que no han cedido sus derechos patrimoniales a la nueva sociedad. Una posición que les lleva a no estar tan preocupados ante la entrada en quiebra de las sociedades en las que participan, en cualquier caso mucho menos que la Administración que, por el régimen concursal de estos activos, tendrá que hacer frente a consecuencias relacionadas con su funcionamiento. Es decir, las autopistas no tienen porque ser cerradas si del concurso de acreedores pasan a la quiebra: el Estado deberá responsabilizarse de sus funcionamiento.
El perfil financiero de la transacción incluye la emisión por el Estado de títulos a los que se quiere dar una vida de 30 años, si bien las constructoras demandan que sean activos líquidos.
Las autopistas implicadas en este proceso son:
Después de diversos intentos fallidos, el Ministerio de Fomento va a citar en breve a las empresas afectadas por la crisis de las autopistas de peaje, tanto a las concesionarias como a las constructoras, que están afectadas por un agujero financiero que ronda los 4.300 millones de euros. La solución se ha alargado más de lo previsto en el peor de los escenarios planteados, pero la situación legal de las sociedades implicadas, que están en diferentes procesos legales, no permite demasiadas dilaciones.
Los obstáculos para un acuerdo de salvación de estas infraestructuras, que se ha diseñado a través de la creación de una sociedad de mayoría pública, provienen tanto de las empresas como del Ministerio de Hacienda. Más impedimentos, según los mismos medios, que por parte de la banca, que estaría afectada por la quita de la deuda del 50% que se plantea desde el departamento que dirige Ana Pastor.
Además, el departamento de Cristóbal Montoro se opone a cualquier operación que implique aportaciones públicas significativas, pero especialmente a que sean consideradas por las autoridades de Bruselas como ayudas que puedan contabilizarse y sumarse al déficit público. Esta es una frontera que no va a permitir traspasar.
Con todo y pese a la quita, la deuda que asumiría la empresa pública -que tiene que estar controlada por el Estado para que no se consideren ayudas a compañías privadas- será de 2.000 millones de euros. El diseño de la sociedad pública es, por tanto, muy complejo, pero significará, según fuentes del sector, la creación de una entidad que sería rentable a medio plazo, siendo constituida con activos que están en quiebra.
El ministerio pretende explotar las autopistas que se incluirían en la nueva empresa nacional con el objetivo de que generen recursos para atender este pasivo sin que sea así necesario inyectarles recursos públicos. En los cuatro primeros meses del año estas autopistas mantuvieron la tendencia de pérdida de usuarios registrada en los últimos siete años.
No obstante, tampoco en el lado empresarial existe una posición conjunta, ya que parte de las empresas se niegan a renunciar a su patrimonio, pese a que haya sido provisionado, con lo que no han cedido sus derechos patrimoniales a la nueva sociedad. Una posición que les lleva a no estar tan preocupados ante la entrada en quiebra de las sociedades en las que participan, en cualquier caso mucho menos que la Administración que, por el régimen concursal de estos activos, tendrá que hacer frente a consecuencias relacionadas con su funcionamiento. Es decir, las autopistas no tienen porque ser cerradas si del concurso de acreedores pasan a la quiebra: el Estado deberá responsabilizarse de sus funcionamiento.
El perfil financiero de la transacción incluye la emisión por el Estado de títulos a los que se quiere dar una vida de 30 años, si bien las constructoras demandan que sean activos líquidos.
Las autopistas implicadas en este proceso son:
- AP-41 (Madrid-Toledo). Sus propietarios son Isolux, Comsa, Sando y Azvi y Banco Espírito Santo. Radial 4 (Madrid-Ocaña).
- Radial R-4. Inversora de Autopistas del Sur y Autopista Madrid Sur no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros.
- Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La sociedad Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 está participada por Abertis, Sacyr y ACS.
- Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad concesionaria está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía FCC y Bankia.
- Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La concesionaria está gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa. Autopista.
- AP-7 Cartagena-Vera. Autopista Eje Aeropuerto
- M-12, del grupo OHL.
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