La CE pretende que España armonice en todo lo posible su política de infraestructuras respecto al resto de la UE. Tras dos décadas en las que este país ha sido punta de lanza en inversión en alta velocidad, autopistas y aeropuertos, se critica ahora desde Bruselas una red de transporte “sobredimensionada” que está “creando pasivos para las finanzas públicas”.
Esta voz de alarma se produce entre las recomendaciones de la CE como respuesta al Programa Nacional de Reformas propuesto por España para 2014. El órgano europeo busca desde 2010 una estrategia común para el crecimiento y el empleo (Estrategia 2020) que pasa por una mayor coordinación de las políticas económicas. En un documento publicado el pasado lunes, y que en España tuvo escaso eco por coincidir con la abdicación de la corona, se pone énfasis en la crisis de las radiales o la urgente creación de un observatorio independiente que actúe como auditor de futuros proyectos de infraestructuras. Sobre la instauración de este organismo de control ajeno al Gobierno, Bruselas ya dio órdenes en 2013 y ahora lamenta que no se haya dado el paso. Eso sí, se agradece la creación de una base de datos con indicadores económicos, medioambientales o de tráfico, entre otros, que permite el análisis previo de las inversiones en infraestructuras.
El objetivo final del observatorio es que no se repita la construcción de aeropuertos y líneas de alta velocidad sin demanda, instalaciones faraónicas, autopistas a ninguna parte o se produzcan fuertes sobrecostes en las obras. El Gobierno, en su Programa Nacional de Reformas, ya incluye para este año la puesta en marcha de un consejo asesor en esta materia.
La Comisión Europea fija como objetivo a corto plazo que Fomento aborde “el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se minimicen los costes para el Estado”. También se pide la toma de medidas “que garanticen la competencia eficaz en los servicios de transporte de viajeros y mercancías”, especialmente en ferrocarril.
España roza los 50.000 millones de inversión AVE desde que se iniciara la línea Madrid-Sevilla, y ahora se remarca que el país ha priorizado en su política la cohesión geográfica por encima de la eficacia. En tono crítico se pone de manifiesto la existencia, todavía, de “planes de inversión en líneas ferroviarias de alta velocidad y autovías en zonas con un volumen de tráfico insignificante”.
El organismo que preside José Manuel Durao Barroso sigue con el tirón de orejas a España y califica de “insuficiente” la planificación estratégica a nivel nacional. Y pone como ejemplo que se están fomentando proyectos de expansión portuaria que “podrían llevar a un exceso de capacidad, mientras que a menudo se ha ignorado o retrasado la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias con los principales puertos”. En todo caso, la propia ministra de Fomento, Ana Pastor, coincide con esta observación desde hace meses.
Bruselas también resalta que en la actual crisis de las autopistas ha podido influir un escaso control para evitar “estimaciones de tráfico excesivamente optimistas” que han terminado poniendo a las arcas públicas como última garantía de proyectos concesionales quebrados por no cumplir las expectativas de negocio. Ferrovial, Sacyr, ACS, Abertis, Globalvía, OHL o Isolux son algunas de las afectadas por la quiebra de una decena de carreteras de peaje, entre las que destacan las radiales de Madrid.
Sobre esta problemática, la recomendación por primera vez en este tipo de documento es que se aborde la “infrautilización y la baja rentabilidad estructural de la red de autopistas de peaje en comparación con las autovías y las carreteras de gran capacidad de discurren paralelamente a las mismas”. En países del entorno se ha realizado a través de la adopción del pago por uso comenzando por el transporte pesado, tal y como marca la directiva Euroviñeta.
Desde el sector privado se ha hecho hincapié en numerosas ocasiones de la necesidad de instaurar peajes blandos en las autovías como medida para sufragar el mantenimiento de las infraestructuras, acometer la reconversión del sector del transporte de mercancías y equilibrar la situación de autovías y autopistas. A día de hoy el Gobierno no tiene la tarificación entre sus planes.
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