La presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene otro motivo para
pedir la desaparición del Tribunal Constitucional, tal y como hizo tras la legalización de Sortu. El pleno ha dado la razón al anterior
Gobierno, del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que
la Comunidad de Madrid ha invadido competencias del Estado al iniciar
la construcción de la autopista radial R-1 y el cierre de la vertiente
norte de la M-50 al margen del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias (el 24 de mayo y
el 5 de junio) que traban la determinación de Aguirre de sacar adelante
una autovía bautizada como RM-1, al concluir que se solapa con el
trazado de la R-1 prevista por el Estado. Aguirre justificó que ninguna
de las dos obras estaba incluida en los planes del Gobierno.
Los magistrados la conminan ahora a llegar a un acuerdo con Fomento,
que es quien, según el tribunal, debe promover su construcción. “Quien
lo puede hacer es el Gobierno central, pero en estos momentos estamos
negociando con el Ministerio de Fomento un convenio, por lo que la
Comunidad se hará cargo del proyecto”, explica un portavoz de la
Consejería de Transportes e Infraestructuras. En su opinión, la decisión
del Tribunal Constitucional no supondrá un problema para la obra, cuya
finalización está prevista para antes de 2016.
La sentencia, que tumba todos los argumentos de la Comunidad, afirma
que la carretera proyectada por Aguirre no constituye realmente, ni por
su naturaleza, itinerario o funcionalidad, algo distinto de la R-1. Toma
en consideración un estudio elaborado por Fomento para concluir que la
nueva autopista coincide sustancialmente con el proyecto del Estado, que
discurre por el territorio de Madrid y de Castilla y León. “Por ello,
aun cuando el anteproyecto de construcción y explotación que la
Comunidad saca a licitar se refiere a una carretera que transcurre solo
por territorio intracomunitario, al haber sido declarado de interés
general por el Consejo de Ministros el itinerario de la R-1
(Madrid-Santo Tomé del Puerto), la nueva carretera R-1 es una parte del
itinerario del Estado, por lo que este es el único competente para
elaborar los estudios previos a su construcción”, asegura el
Constitucional en su sentencia de mayo.
Los informes de Fomento demuestran, según la sentencia, que el
trazado recomendado por el Estado para la R-1 discurre sobre el mismo
corredor que la actuación a la que se refiere la Comunidad de Madrid
(nueva carretera R-1. Tramo El Molar-M-12). “Por lo que resultarían
incompatibles y redundantes las dos carreteras, pese a su distinta
denominación”, concluyen los magistrados.
El Constitucional también enmienda la plana a la defensa de la
Comunidad al considerar que el cierre de la M-50 y la construcción de la
R-1 es competencia del Estado. “El desinterés que el Estado pueda
mostrar en la construcción a medio plazo del proyecto de cierre de la
M-50, al no haber incluido el mismo en el plan estratégico de
infraestructuras y transportes de 2005 a 2020, no puede ser invocado por
la comunidad autónoma para arrogarse una competencia que no le
pertenece”, indican los magistrados.
No obstante, los jueces abren la puerta a la colaboración entre ambas
Administraciones: “Aunque es cierto que estamos ante una materia que
resulta especialmente idónea para el establecimiento de fórmulas de
colaboración, no hay que olvidar que el establecimiento de fórmulas de
colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado requiere el
mutuo respeto de las respectivas competencias, que son irrenunciables,
en el marco establecido por la Constitución y los Estatutos de
autonomía”.
El Ejecutivo regional anunció en marzo que la construcción de la RM-1
costaría un 30% del precio previsto por el Gobierno central, que
pretendió hacerla por 200 millones de euros. La obra se iniciaría en
régimen de explotación, lo que significa que quien la construya podría
explotarla a cambio de un peaje.
La determinación de Aguirre de seguir adelante con la RM-1 contrasta
con la crisis estructural que sufren las otras radiales madrileñas.
De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy busca nuevas fórmulas de
rescate para estas infraestructuras, después de que hace dos años
Zapatero les concediera un préstamo ventajoso para que pudieran
proseguir su actividad.
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