La Corte de Arbitraje de Madrid que impulsa la Cámara de Comercio de la capital como espacio de mediación entre empresas para solucionar conflictos sin necesidad de recurrir a los tribunales, está a punto de resultar un fracaso total. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ultima una resolución que puede suponer la anulación de uno de los laudos arbitrales más importantes de los últimos años, el que enfrenta a las constructoras ACS y Sacyr, por un lado, y la operadora de infraestructuras Abertis y Bankia, por otro, por un conflicto sobre la gestión de las autopistas radiales 3 y 5 de Madrid.
La anulación estaría motivada por la falta de independencia de uno de los árbitros designados por la Corte de Arbitraje, José María Alonso Puig, directamente relacionado con empresas del Grupo ACS que preside Florentino Pérez y que fue la beneficiaria del laudo. Expertos en derecho arbitral consideran que la formulación de la actual Corte de Arbitraje de Madrid no es la adecuada para establecer un sistema de mediación verdaderamente independiente entre empresas en conflicto.
Para más inri, la Corte depende de la Cámara de Comercio de Madrid, institución sometida en los últimos años al daño reputacional generado por las actuaciones de su anterior presidente, Arturo Fernández, obligado a dimitir entre otras cosas por su implicación en el escándalo suscitado por las tarjetas opacas de Bankia.
El modelo de financiación de la Cámara puesto en marcha tras la desaparición de la cuota cameral obligatoria ha obligado a la institución a ponerse en manos de empresas patrocinadoras que financian sus actividades, lo que pone en peligro la imparcialidad de sus actuaciones cuando un patrocinador entra en litigio. Juan López Belmonte, actual presidente de la Cámara de Comercio, y su director, Carlos Prieto, se enfrentan al desprestigio de una institución, la Corte de Arbitraje, sobre la que se ha pretendido en los últimos años asentar uno de los fundamentos que justifican la propia existencia de la Cámara de Comercio.
Los expertos señalan que el modelo de selección de los árbitros independientes puesto en marcha por la Corte de la Cámara está contaminado por los lazos profesionales que vinculan a muchos de los actuales expertos en procedimientos de arbitraje que son seleccionados para tomar decisiones en los litigios.
En la mayoría de los casos son abogados o expertos jurídicos con una amplia red de contactos profesionales ajenos al hecho arbitral, lo que pone en duda su supuesta independencia. El caso paradigmático es el que examina ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alonso Puig es reconocido como un experto en derecho arbitral, pero fue socio director del Bufete Garrigues hasta 2009; luego fue asesor del consejo de administración de Grupo Llorente, socio empresarial de ACS y luego socio director del bufete Baker & Mckenzie.
A su alrededor hay una tupida red de relaciones empresariales que hacen muy difícil que pueda ser árbitro independiente en un litigio entre empresas por muy conocedor de la materia que pueda ser, señalan los expertos consultados. Si el TSJ de Madrid certifica que hubo ausencia de independencia de uno de los árbitros del caso de las radiales de Madrid, el modelo de Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio estará obligado a su disolución o cambio radical, añaden miembros del pleno cameral.
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