En el vídeo, el joven llega a la cabina del peaje y señala a la encargada del mismo -con cierto tono machista, todo hay que decirlo- que no va a pagar el peaje. Tras un pequeño corte en la imagen -¿alguna discusión con los empleados?- finalmente le levantan la barrera, previa información de que le llegará una denuncia, algo que el joven afirma que es "mentira" ya que los ciudadanos "están en su derecho" y que "todo lo que no está prohibido está permitido".
Lo cierto es que siempre ha habido cierta duda al respecto de la legalidad de estos hechos, pero según fuentes jurídicas consultadas por este medio, este hecho supondría una sanción administrativa ya que el Gobierno modificó la Ley 8/1972, que se publicó en los presupuestos generales del Estado para 2013, que regula la explotación de las autopistas. Si bien en la anterior normativa de circulación no quedaba clara la obligación del pago del peaje o que se pudiera sancionar en caso de impago, con esta modificación se establece la obligación de pagar el peaje y de denunciar en caso de que no se abone la cantidad indicada.
A su vez, sabiendo que las autopistas de peaje, en general, son gestionadas por concesiones privadas y cobran un importe por los servicios que prestan, es decir, el uso de una vía rápida, que está bien acondicionada y que no cuenta con injerencias externas de otros usuarios, el no abonar el canon correspondiente, supondría un derecho a la empresa concesionaria de reclamar el importe al titular del vehículo, por realizar un uso de ese servicio sin abonar la cuantía correspondiente. La multa, en estos casos, está fijada en 200 euros.
De otro lado, hay que recordar que en septiembre de 2015 el presidente del PP andaluz, Antonio Sanz, confirmaba que la intención del Gobierno es la de no prorrogar el peaje de la AP-4, que expira en 2019.
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