A pesar de que las cuentas para 2014 de la Conselleria de Infraestructuras se han reducido a la mínima expresión, sólo 103,4 millones de euros de inversiones reales (para pagar obras ya ejecutadas, cuyo pago se había aplazado), el área de Infraestructuras Públicas (carreteras y obras ferroviarias) incluye una sorprendente partida. El departamento que dirige Isabel Bonig tiene previsto invertir 521.540 euros (86,7 millones de pesetas) en el «estudio de impacto ambiental y paisaje de la autovía de Alicante límite» que se incluye con el código territorial de Crevillent (Baix Vinalopó).
Esta partida presupuestaria hace referencia al «proyecto autovía Alicante-límite provincia con Albacete y ramal de conexión a Crevillent», una de las dos autopistas de peaje que el Consell ha intentado impulsar desde 2009, pero que cosecharon un rotundo fracaso. La autopista sólo recibirá una inyección de dinero en 2014 (en las cuentas se incluye una estimación de las anualidades hasta 2016). En el presupuesto de 2013 no existía ninguna línea presupuestaria para este proyecto, a pesar de que la «redacción del proyecto básico, estudio de impacto ambiental y estudio de integración paisajística de la autovía Alicante-límite provincia con Albacete y ramal de conexión a Crevillent» se licitó el 4 de noviembre de 2009.
La iniciativa de construir dos autopistas de peaje, exclusivas para coches, entre Valencia y Requena y Alicante y Villena se presentó en enero de 2009 por el entonces conseller de Infraestructuras, Mario Flores, que vendía estos proyectos como «autopistas de movilidad seguras para vehículos ligeros que permitirán ahorrar hasta 10,7 millones de euros». La conselleria quería que las nuevas carreteras las construyera la iniciativa privada. Las empresas interesadas en ser concesionarias debían asumir el riesgo de aportar 67,5 millones de euros propios y buscar financiación para los 382,5 millones que se calculó costaría el nuevo tramo de autopista entre Valencia y Requena. Para la de Alicante se barajaban unas cantidades de inversión entre los 335 y los 484 millones. Ni las constructoras ni las grandes concesionarias de autopistas mostraron el menor interés en ambos proyectos y respondieron con el silencio a las propuestas de la Generalitat. A pesar del fracaso, la conselleria no dejó de insistir en la propuesta de las autopistas y licitó dos concursos por valor de dos millones en 2009 y llegó a declarar la expropiación urgente de los terrenos afectados por las autopistas en la ley de acompañamiento de de los presupuestos de 2010.
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