La comprensión que el Parlamento Europeo ha manifestado esta semana hacia el cobro de peajes en las autovías y viales de alta capacidad no propiciará que la Xunta se plantee cobrar por el uso de carreteras de su competencia, según aseguró ayer la Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas. Ethel Vázquez, directora xeral de Infraestruturas, mantiene que la Lei de Estradas aprobada el martes en la Cámara gallega no contempla la posibilidad futura del cobro de peajes en carreteras hasta ahora gratuitas, achacando a una mala interpretación del texto conclusiones en ese sentido, como las formuladas desde la oposición respecto al texto legal aprobado en solitario por el PP.
El Consejo Económico e Social de Galicia había llegado sin embargo a la misma conclusión en su dictamen sobre la Lei de Estradas, criticando de forma expresa el párrafo en el que textualmente se hacía referencia «á implantación dunha taxa polo uso da rede de estradas». El órgano consultivo manifestaba que la posibilidad del cobro «conlevaría un forte prexuízo á cidadanía e aos sectores empresariais como o do transporte, cun incremento de custos insostible».
En la red autonómica el peaje se cobra ya en los viales Vigo-Val Miñor y A Coruña-Carballo, mientras que la Xunta abona el llamado peaje en sombra en las vías de alta capacidad de O Salnés, Barbanza, Santiago-Brión y Ourense-Celanova. En ellos la Administración gallega pagará este año 46 millones de euros, a los que se suman otros 20 para propiciar la gratuidad de la AP-9 en Rande y A Barcala y de la autopista entre Dozón y Ourense.
Ethel Vázquez circunscribe el cobro con la nueva ley únicamente a una tasa por la ocupación del dominio público como hacen las empresas de prestación de servicios para la canalización de sus acometidas como las de electricidad, gas, hidrocarburos, telefonía o saneamiento y abastecimiento de agua. «Son taxas finalistas e o seu importe será investido nas propias estradas», indica la directora xeral, que señala que hasta ahora las empresas se están valiendo de los trazados de las carreteras para ubicar sus tendidos sin pagar nada por ello.
Según los datos de la Xunta, la reposición de dichos servicios, cuando es necesario realizar obras de reparación en las carreteras de titularidad autonómica, han llegado a costar a las arcas públicas gallegas hasta siete millones de euros en un año sin que las empresas aporten nada, asegura el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno gallego indica que Cataluña, Castilla y León, Asturias y Murcia aplican ya una tasa similar que elimina la gratuidad para las empresas de servicios, que utilizando el trazado viario evitan tener que recurrir a otras opciones como expropiaciones o adquisición de derechos sobre terrenos privados.
La Voz de Galicia.es 27/06/2013
El Consejo Económico e Social de Galicia había llegado sin embargo a la misma conclusión en su dictamen sobre la Lei de Estradas, criticando de forma expresa el párrafo en el que textualmente se hacía referencia «á implantación dunha taxa polo uso da rede de estradas». El órgano consultivo manifestaba que la posibilidad del cobro «conlevaría un forte prexuízo á cidadanía e aos sectores empresariais como o do transporte, cun incremento de custos insostible».
En la red autonómica el peaje se cobra ya en los viales Vigo-Val Miñor y A Coruña-Carballo, mientras que la Xunta abona el llamado peaje en sombra en las vías de alta capacidad de O Salnés, Barbanza, Santiago-Brión y Ourense-Celanova. En ellos la Administración gallega pagará este año 46 millones de euros, a los que se suman otros 20 para propiciar la gratuidad de la AP-9 en Rande y A Barcala y de la autopista entre Dozón y Ourense.
Ethel Vázquez circunscribe el cobro con la nueva ley únicamente a una tasa por la ocupación del dominio público como hacen las empresas de prestación de servicios para la canalización de sus acometidas como las de electricidad, gas, hidrocarburos, telefonía o saneamiento y abastecimiento de agua. «Son taxas finalistas e o seu importe será investido nas propias estradas», indica la directora xeral, que señala que hasta ahora las empresas se están valiendo de los trazados de las carreteras para ubicar sus tendidos sin pagar nada por ello.
Según los datos de la Xunta, la reposición de dichos servicios, cuando es necesario realizar obras de reparación en las carreteras de titularidad autonómica, han llegado a costar a las arcas públicas gallegas hasta siete millones de euros en un año sin que las empresas aporten nada, asegura el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno gallego indica que Cataluña, Castilla y León, Asturias y Murcia aplican ya una tasa similar que elimina la gratuidad para las empresas de servicios, que utilizando el trazado viario evitan tener que recurrir a otras opciones como expropiaciones o adquisición de derechos sobre terrenos privados.
La Voz de Galicia.es 27/06/2013
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