"Nunca tantos (los españoles) pagaron tanto (1.599 millones de euros) a
tan pocos (los expropiados y sus abogados)", dice sin tapujos el
director general de Accesos a Madrid, José Antonio López Casas,
propietario de la R-3 (Madrid-Arganda) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero), y
que tiene muy claro que "la fiesta de las autovías de peaje la vamos a
pagar todos". En ese sentido, han propuesto al Ministerio de Fomento
que, o busque soluciones a la crisis, o que se quede con la M-50.
"Eso
solucionaría nuestro problema porque sólo el coste de las
expropiaciones de esta vía se come más del 60 por ciento de nuestra
deuda total", justifica. Con una deuda bancaria de 640 millones de euros
y 390 millones pendientes de pago por expropiaciones, los accionistas
de la concesionaria (Abertis, Sacyr, Bankia y ACS) han tirado la toalla y
se han acogido a concurso de acreedores.
La
M-50, totalmente gratuita y con 90 kilómetros de longitud, es el anillo
de circunvalación de la capital de España. La otra propietaria de la
vía es Madrid Sur (Cintra y Sacyr, entre otras). Los importes previstos
para expropiaciones en las concesiones de Henarsa (40 millones de euros)
y Accessos (otros 40 millones) se convertirán al final en casi 1.600
millones de euros.
En el caso de la M-50, su construcción se hizo sin coste para las
arcas públicas, ya que fue un canon del Gobierno a los adjudicatarios de
las radiales. "Asimismo, el riesgo, porque las previsiones eran muy
distintas, y contábamos con recuperar los ingresos generados por los
peajes", dice el director general de Accesos a Madrid. La lectura hoy es
otra, y las radiales van siempre de vacío: su tráfico es un 30 por
ciento menos de los previsto.
López Casas está convencido de que esos tráficos no se van a
recuperar en la vida debido a la crisis económica de los españoles, a la
subida del precio del combustible y a la mala gestión y planificación
del Gobierno, que permitió la construcción de vías paralelas gratuitas.
Pero la guinda de este desastre lo ponen las expropiaciones.
Según sus cuentas, de los 40 millones de euros que calculó el
Ministerio de Fomento, en su caso, "al final tenemos que pagar 640
millones", dice indignado el directivo, que da un consejo al Gobierno en
un documento entregado el pasado mes de junio. "Ponga en valor nuestra
infraestructura o quédese con ellas".
La rabieta de Accesos a Madrid viene documentada con cifras. "En el
caso de dos fincas ubicadas en el municipio de Alcobendas, y que estaban
valoradas en el anteproyecto de la Administración a 2,35 euros el metro
cuadrado, se valoran por el Jurado Provincial de Expropiaciones a
102,07 euros el metro cuadrado". López Casas calificó de disparate esta
cuantía para "unos terrenos baldíos, un erial que no vale nada".
No es el único ejemplo. En la retasación, el tramo de Leganés ha
pasado de 46,82 a 94,28 euros el metro cuadrado. O de 33,47 a 60,78 en
una segunda retasación de Paracuellos de Jarama. Un "ruinoso negocio"
que afecta a unos 400 expropiados. "Lo tenemos recurrido, pero la
connivencia de jurados y magistrados ha complicado todo y nos lleva a la
situación actual con el consiguiente perjuicio de los contribuyentes",
acusa el director general, que insiste en que el rescate de la M-50
puede ser la solución.
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