El Ministerio de Fomento anuncia que tendrá una lista con las medidas para paliar el riesgo de quiebra de las concesionarias de las autopistas de peaje para el próximo mes de mayo. Para el caso, por ejemplo, del de la Autopista de Peaje AP-41 Madrid-Toledo, el Ministerio confía en elaborar la solución para este próximo mes. Desde el ministerio se ha recordado que se posee una partida de los presupuestos para otorgar préstamos a estas autopistas y que además se amplia la posibilidad de que se recurra a las cuentas de compensación para evitar la quiebra. Lo más gracioso de todo el asunto es a los españolitos de a pie, y especial a los madrileños se les sube el precio del transporte público para sanear las cuentas de las administraciones, o a los catalanes y a valencianos se les incrementa el tiempo en el que tendrán que seguir pagando por las vías rápidas que atraviesan sus comunidades por una ampliación de los plazos de concesión de las autopistas.
Con los préstamos que hasta el momento han pedido las concesionarias a bancos y al estado, se ha buscado afrontar el sobrecoste que soportaron durante las expropiaciones realizadas durante la construcción de estas infraestructuras, así como la caída de tráfico en dichas vías, y que nunca llegaron a ni a los niveles de ocupación menos optimistas. Y en este punto, me pregunto, ¿dónde estaba el estado para regularizar y tasar el precio de dichos terrenos?¿Dónde estaba el Sr. Ministro Álvarez Cascos para haber pedido un estudio a largo plazo y contando con todos los escenarios posibles para ver la viabilidad económica de dichas autopistas?
Con todo, el Ministerio no descarta rescatar las autopistas que no logren solventar sus problemas con las medidas que finalmente promueva Fomento, cumpliendo de esta forma lo que contemplan los propios contratos de concesión y realizándolo a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa). Es decir, no sólo los ciudadanos pagaríamos por utilizar estas vías, si no que su mantenimiento y explotación sería realizada con dinero de las arcas públicas, es decir, nos acercaríamos a una situación de co-pago o, más bien, re-pago de estas infraestructuras de entidad pública, y , siendo muy negativo, hasta a una horizonte en el que el gobierno establecería el pago por el uso de autopistas y autovías ahora mismo ya mantenidas por el estado a través del erario público.
Con los préstamos que hasta el momento han pedido las concesionarias a bancos y al estado, se ha buscado afrontar el sobrecoste que soportaron durante las expropiaciones realizadas durante la construcción de estas infraestructuras, así como la caída de tráfico en dichas vías, y que nunca llegaron a ni a los niveles de ocupación menos optimistas. Y en este punto, me pregunto, ¿dónde estaba el estado para regularizar y tasar el precio de dichos terrenos?¿Dónde estaba el Sr. Ministro Álvarez Cascos para haber pedido un estudio a largo plazo y contando con todos los escenarios posibles para ver la viabilidad económica de dichas autopistas?
Con todo, el Ministerio no descarta rescatar las autopistas que no logren solventar sus problemas con las medidas que finalmente promueva Fomento, cumpliendo de esta forma lo que contemplan los propios contratos de concesión y realizándolo a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa). Es decir, no sólo los ciudadanos pagaríamos por utilizar estas vías, si no que su mantenimiento y explotación sería realizada con dinero de las arcas públicas, es decir, nos acercaríamos a una situación de co-pago o, más bien, re-pago de estas infraestructuras de entidad pública, y , siendo muy negativo, hasta a una horizonte en el que el gobierno establecería el pago por el uso de autopistas y autovías ahora mismo ya mantenidas por el estado a través del erario público.
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