Fomento ha atendido la petición de las concesionarias de autopistas, en crisis por la falta de tráfico de pago, con la extensión de las cuentas de compensación hasta el año 2021. Este mecanismo, pensado para compensar a las operadoras por el acusado e imprevisto descenso de clientes en las cabinas de peaje, fue implantado por el anterior Ejecutivo por un plazo de tres años. La ayuda expiraba en el presente 2012 y el equipo de Fomento que lidera Ana Pastor ha decidido mantener el balón de oxígeno hasta 2021.
El modelo, según ha adelantado la Ministra, seguirá siendo el mismo: Fomento compensará a las concesionarias cubriendo la diferencia de ingresos generados por el tráfico real y el que obtendrían si se cumplieran en un 80% las previsiones de tráfico que figuran en los contratos de concesión. "En muchos casos el tráfico está por debajo del 40% de lo estimado antes de la crisis", ha comentado Pastor en una comparecencia para explicar los presupuestos de Fomento para el presente 2012.
Las concesionarias, entre las que figuran empresas como Ferrovial, Sacyr, ACS, OHL, Acciona, Abertis, Globalvía y un nutrido ramillete de constructoras medianas, pedían cuentas de compensación por los próximos 20 años. La solución hasta 2021 se queda a medio camino, pero puede ser suficiente para que numerosas autopistas refinancien deuda a largo plazo. Y es que la banca se había mostrado absolutamente cerrada a renovar los créditos que sustentaron los proyectos si no se les garantizaba el cobro de los intereses. Con la facturación de las carreteras bajo mínimos y numerosos contratos de financiación a punto de expirar, rondaba la amenaza de una cascada de concursos de acreedores sin precedentes entre las autopistas españolas. La situación también suponía un serio riesgo para el Gobierno, que debía responder ante la insolvencia de las concesiones por su responsabilidad patrimonial.
Ferrovial y Sacyr, operadoras de la madrileña radial 4, son un claro ejemplo de lo que viene sucediendo en el sector. En los últimos tiempos han ido aplazando prácticamente mes a mes un crédito de 553 millones que facilitó la construcción de esa carretera y que fue firmado con Santander, BBVA, Sabadell, Cajasur, Unicaja o Popular, entre otros.
La autopista Cartagena-Vera, operada por Ploder y Globalvía, es otra de las seriamente afectadas. Lleva meses al borde de la quiebra ante la imposibilidad de aplazar su deuda de 500 millones. Santander, Unicaja, UBS, Ahorro Corporación y RBS son algunos de sus acreedores, todos ellos con la mosca detrás de la oreja por la falta de expectativas de cobro ante unos ingresos derrumbados. Y a la vuelta de la esquina, el próximo mes de octubre, se presentaba el vencimiento para las radiales 3 y 5, en manos de Abertis.
La cuantía que destinará el Gobierno para soportar este flotador que salva a las autopistas dependerá de las peticiones. Lo que si ha sido cifrado en los Presupuestos Generales de 2012es la inyección destinada a créditos participativos para que las concesionarias afronten otro de sus grandes problemas: los sobrecostes en construcción derivados de las expropiaciones. Fomento ha dispuesto para este fin 280 millones, el 70% de la partida de 2011, a la vista de que distintas expropiaciones ya han sido pagadas.
La responsabilidad del Gobierno en la debacle de las autopistas tiene que ver con previsiones de tráfico que el propio ministerio de Fomento aceptó y que han quedado pulverizadas por la crisis. De ahí la implantación de cuentas de compensación. En cuanto a los créditos blandos, vienen a aliviar la carga de las concesionarias por unas expropiaciones que multiplicaron el precio marcado en los propios pliegos de licitación después de que los tribunales apreciaran expectativas de desarrollo urbanístico para unos suelos que, en el momento de las expropiaciones, carecían de esa calificación.
Más allá de estas soluciones, el equipo de Fomento va a dar un giro completo al modelo concesional español con el fin de atraer capital privado al plan de infraestructuras Pitvi 2012-2024. Basado en la colaboración público-privada, ese plan debe movilizar inversiones por 225.000 millones, pero Fomento intenta dar estabilidad legal y económica a las concesiones que se explotan y se explotarán en España. Los cambios previstos pasan por la ampliación de los plazos concesionales y la garantía de ingresos mínimos para las operadoras.
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