La AP-9 ignora a la Xunta y cobra peaje pese a provocar atascos de más de 3 kilómetros

 

En julio de 2012 la Autopista del Atlántico, la AP-9, vivía por enésima vez una de sus clásicas retenciones de verano, motivadas por la combinación del incremento de tráfico proveniente de la costa a una misma hora y del deber de detenerse en los puestos de peaje para pagar lo que corresponda. En aquella ocasión el Gobierno de Mariano Rajoy llevaba unos pocos meses en el poder y la Xunta se dirigió a él, concretamente al Ministerio de Fomento que dirige una destacada militante del PP gallego, Ana Pastor, para instarlo a ejercer sus funciones de supervisión y abordar este "problema histórico". Se trataba, en esencia, de que la concesionaria Audasa levantase las barreras de los peajes cuando las retenciones superasen los dos kilómetros. Dos veranos después, los atascos regresan y la empresa, ahora propiedad del grupo americano Citi, ignora al Gobierno gallego.

Este domingo fue el primero del verano con sol y calor en buena parte del país gallego y las hileras de vehículos volvieron a uno de los puntos críticos de la autopista. Hacia las ocho de la tarde el peaje de Teo, en las cercanías de Santiago, comenzó a convertirse en un tapón para los automóviles que viajaban en dirección a la capital gallega desde los carriles que vienen de Vigo y absorben el tráfico que llega desde las playas de las comarcas del Salnés y del Barbanza. Poco después, junto a la señal indicativa de que falta un kilómetro para el peaje, los coches ya estaban completamente parados y en los tres kilómetros anteriores el embotellamiento era casi total, con tramos de tráfico en los que no se podían superar los 50 kilómetros por hora.

En este contexto los operarios de la concesionaria poco más podían hacer que actuar como improvisados guardias para ordenar los coches que se acumulaban ante el peaje. El único cambio respecto a una jornada normal fue que las máquinas de cobro automático con las que Audasa sustituye paulatinamente a su personal apodándolas como pago fácil" volvieron a ser cabinas manuales. Además, se habilitó un único paso para el telepeaje. Y nada más. Cada conductor o conductora tenía que pagar para que se irguiera la barrera, como si Audasa estuviera prestando el servicio que oferta y sin que prácticamente nadie pidiese una hoja de reclamación. La razón última para que Audasa pueda seguir cobrando es que en su contrato de concesión no figura el deber de levantar las barreras en caso de atasco, como sí acontece en otras autopistas, y Fomento no impulsa cambio alguno para que así sea.

Este nuevo episodio de conductoras y conductores teniendo que pasar por caja para pagar tras estar atrapados en la autopista se produce en un contexto en el que la AP-9 acumula varios años de pérdida de tráfico y de reiteradas subidas de tarifas. Concretamente, la que sigue siendo gran arteria de comunicación del Eje Atlántico pierde vehículos desde hace siete años, una caída que es especialmente intensa desde el año 2010. Audasa cerró ese ejercicio con una intensidad media diaria de 23.395 vehículos mientras que, a finales de 2013, este indicador había caído a los 20.658, un 12% menos que un año antes. El pasado año la empresa vio reducidos también sus beneficios en un 30% pero, a pesar de ello, aún ganó casi 10 millones de euros.

A pesar de estas cifras, Audasa no solo no aplica ninguna mejora en su servicio, sino que se empeña en incrementar sus tarifas. La última subida, aplicada en enero pasado, provocó que por primera vez recorrer todo el trazado de la autopista –de Ferrol a Tui– en un turismo superara los 20 euros. Mientras colectivos de personas usuarias se movilizan para, aún sin frutos, exigir descuentos en los precios, un trayecto tan común como A Coruña-Santiago supone ya 6,30 euros, algo más de los 5,40 que cobra Audasa por trasladarse de Compostela a Pontevedra. Mientras, ir de la capital pontevedresa a Vigo cuesta 3,65 y de A Coruña a Ferrol, 4,45 euros.

Todo esto sucede en un contexto en el que aún faltan 34 años para el término del matrimonio forzoso entre la sociedad gallega y Audasa. Será en el año 2048 cuando concluya una concesión que inicialmente finalizaba en 2023, pero que fue prorrogada por el Gobierno de José María Aznar. Ese mismo Ejecutivo fue el que en el año 2003, cuando el vial gallego era la autopista más rentable del Estado, decidió privatizar Audasa, empresa que había sido rescatada por el Estado español tras la crisis del petróleo de los años 70. El gran beneficiario de aquella operación fue un grupo de empresas liderado por la inmobiliaria Sacyr Vallehermoso.

Sacyr fue la responsable de la autopista hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. En este punto Itínere, la filial de autopistas del gigante del ladillo, le vendió Audasa al fondo de inversión estadounidense Citigroup, que poco más tarde caía también en la crisis financiera. Así fue como la antaño autopista estatal española pasó, paradójicamente, a depender en última instancia del Gobierno Federal de los Estados Unidos, toda vez que el gabinete de Barack Obama nacionalizó parcialmente el grupo Citi.

El Diario.es 14/07/2014