Está visto que Cristóbal Montoro no se casa con nadie y está demostrado que el ministro de Hacienda es verdaderamente el que tiene la última palabra a la hora de decidir las relaciones de poder entre el Gobierno y los distintos sectores de actividad económica. La ‘jugada’ del déficit de tarifa se ha vuelto repetir esta vez con los bancos y las constructoras a cuenta de las célebres autopistas en quiebra. En el primer caso pagará el sector eléctrico y, por tanto, todos los consumidores. En el segundo serán las entidades financieras las que deberán asumir un agujero de más de 3.000 millones de euros en los próximos años.
El Real Decreto 1/2014 aprobado a hurtadillas en el Consejo de Ministros del pasado 24 de enero ha supuesto algo así como una ‘puñalada por la espalda’ para todos aquellos que se las prometían la mar de felices con la creación del nonato ‘banco malo’ de las concesionarias de autopistas que ahora están en suspensión de pagos. Las famosas radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) junto a la AP-41 de Madrid-Toledo, la AP-36 de Ocaña-La Roda, el tramo Cartagena-Vera que explota Aucosta, la circunvalación de Alicante en manos de Ciralsa y la M-12 de acceso a la T-4 de Barajas bajo control de OHL forman una batería de petardos en serie que irán estallando de forma paulatina en los próximos años.
El Gobierno ha decidido abandonar a su suerte a las concesionarias y dejar que los procesos concursales culminen en la desembocadura natural de una liquidación forzada por deudas que se estiman en 3.700 millones de euros, más otros 1.200 derivados del sobrecoste de las expropiaciones dictaminado por el Tribunal Supremo. La ‘broma’ asciende a casi 5.000 millones de euros y la ministra de Fomento, Ana Pastor, no ha tenido más remedio que situarse en primer tiempo de saludo ante su colega de Hacienda para levantar lo que en medios empresariales se entiende como “una barricada virtual” con la que el Estado pretende ahorrarse la llamada RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración).
La nueva disposición normativa publicada en el BOE del día 25 modifica el artículo 271 del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público con carácter retroactivo para que el Gobierno limite la responsabilidad del Estado descontando el justiprecio de las expropiaciones. Las constructoras entienden que esta medida es la preparación artillera del Ministerio de Fomento para defenderse ante la eventual liquidación de las concesionarias. Las empresas integradas en la patronal Seopan consideran que, a la postre, Hacienda pretender reducir a la mínima expresión la RPA deduciendo todas las aportaciones que el Gobierno ha venido otorgando a las concesionarias de autopistas.
El Estado asumirá, como mucho, unos 1.500 millones de euros después de restar a sus obligaciones de pago los 1.200 millones de las expropiaciones más otros 2.200 aportados estos últimos años. En esta segunda cifra se incluirían de créditos participativos aprobados vía Presupuestos del Estado y las cuentas de compensación destinadas a paliar la caída de los tráficos con que se dibujaron los planes de negocio de las autopistas. “El Gobierno quiere ajustar saldos para abonar la responsabilidad patrimonial del Estado en pequeñas dosis a medida que vayan siendo liquidadas las concesionarias”, aseguran en medios vinculados con Seopan.
Las autopistas que se encuentran en suspensión de pagos terminarán nacionalizadas, aunque esta vez el Ministerio de Fomento no tendrá que dar ninguna participación al sector privado. Las constructoras perderán todo el capital desembolsado en sus proyectos concesionales pero la mayor parte de las compañías tienen provisionada la pérdida, por lo que en su caso el coste equivale a un 10% del balance final del siniestro. Mucho peor es la situación para la banca, tanto española como extranjera, que deberá tragarse los créditos concedidos en su día y que constituyen el 90% restante del agujero; al cambio, más de 3.000 millones de euros.
Los más suspicaces dentro del mercado bancario achacan también parte de las culpas a Seopan por sus dudas y dilaciones en sumarse a una iniciativa a la que se le pasó el arroz en cuanto que Hacienda se puso al volante del proyecto. El ajuste presupuestario, unido a los compromisos con Bruselas, provocaron el arrepentimiento del Gobierno y Montoro ni ha sabido ni ha querido negociar un roto con las autoridades comunitarias que hubiera puesto en peligro los objetivos de déficit público al cierre de 2013.
El célebre 6,5% del PIB está prendido con alfileres y lo ocurrido con las concesionarias es lo mismo que pasó con las eléctricas y su no menos famoso déficit de tarifas. En la España que empieza a salir de la recesión el guardián de la caja pública tiene la sartén por el mango y los demás ministros deben plegarse a sus consignas. Incluido el propio titular de Economía, Luis de Guindos, víctima colateral del quebranto que las autopistas provocarán en el sector bancario. El rescate financiero empieza a convertirse en una historia interminable y no es de extrañar que su máximo responsable político quiera poner tierra de por medio antes de que las urgencias económicas de otros sectores en crisis acaben por ensuciar su hoja de servicios.
El Confidencial.com 02/02/2014
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