Esta semana aparecían dos noticias que han alterado un poco más el mundillo de las autopistas Radiales.
Por un lado, la que ya se preveía desde hace tiempo, la huelga de trabajadores de la R-4 por el despido de varios de ellos, pese a que el estado ha concedido y concederá, según últimas reuniones mantenidas entre el Mº de Fomento y empresas adjudicatarias, millonarios créditos para ayudar a evitar la quiebra y este tipo de problemas a las concesionarias de esta y otras radiales.
Y, por otro lado, la oferta de Abertis por la compra de dos autopistas Radiales, la R-2 y la R-5, las que de momento son las más rentables, a cambio de que el Ministerio de Fomento amplíe la concesión de su explotación.
A punto de ser de nuevo rescatadas por el estado, las concesionarias de las autopistas Radiales de Madrid, y otras como la Autopista Cartagena-Vera, buscan desesperadamente soluciones para, sino evitar la quiebra por el escaso tráfico y la fuerte presión de los costes financieros, si al menos, recuperar parte de la inversión. En los últimos meses, al arreciar la crisis económica y con la subida del precio del combustible, las caídas de tráfico rondan el 30% y en algunas vías incluso son mayores.
Así, el grupo Abertis, controlado por La Caixa, espera absorber dos de las autopistas radiales en las cuales es la máxima accionista: La R-2 y la R-5. La absorción de estas vías, que explotan las sociedades Henarsa y Accesos de Madrid, tendría como contrapartida una ampliación del plazo de concesión de las autopistas más maduras y rentables.
Aún así, el otro elemento en juego es la negociación de los créditos que el estado concesión inicialmente a todas estas infraestructuras para aliviar su situación económica, y que visto el desarrollo de la economía del país, se han vuelto completamente insostenibles, ya que el desembolso inicial que efectuaron las adjudicatarias de los proyectos y su posterior explotación no ha conseguido ni tan siquiera cubrir estos gastos, con el consiguiente descuadre de las finanzas de las concesionarias.
Aún así, el otro elemento en juego es la negociación de los créditos que el estado concesión inicialmente a todas estas infraestructuras para aliviar su situación económica, y que visto el desarrollo de la economía del país, se han vuelto completamente insostenibles, ya que el desembolso inicial que efectuaron las adjudicatarias de los proyectos y su posterior explotación no ha conseguido ni tan siquiera cubrir estos gastos, con el consiguiente descuadre de las finanzas de las concesionarias.
De momento el Ministerio no ha comentado nada al respecto, pero seguro que Ana Pastor prefiere esta solución a verse con el mantenimiento y explotación de estas infraestructuras. ha declinado comentar el estado de las negociaciones. Y además, el Gobierno no tiene más remedio que negociar. En todas las autopistas de peaje existe la llamada responsabilidad patrimonial del Estado. Si el concesionario quiebra y no paga las deudas, es la Administración quien tiene que hacerles frente.
De llegarse a algún tipo de acuerdo entre el Mº y Abertis, se verían además afectadas las autopistas controladas por el Grupo Ferrovial, es decir, la Radial 4 y la AP-36. También forman parte de este paquete la vía de acceso al aeropuerto de Barajas, que controla OHL; la Madrid-Toledo o la autopista Cartagena-Vera, estas tres planificadas en pleno boom económico e inmobiliario, con el objetivo de crear vías paralelas de pago a los grandes ejes de comunicación en torno a Madrid o zonas con previsión de expansión urbanística, con la excusa de que en breve éstos últimos se iban a colapsar. Pero llegó la crisis y los tráficos previstos por los promotores nunca se cumplieron.
De llegarse a algún tipo de acuerdo entre el Mº y Abertis, se verían además afectadas las autopistas controladas por el Grupo Ferrovial, es decir, la Radial 4 y la AP-36. También forman parte de este paquete la vía de acceso al aeropuerto de Barajas, que controla OHL; la Madrid-Toledo o la autopista Cartagena-Vera, estas tres planificadas en pleno boom económico e inmobiliario, con el objetivo de crear vías paralelas de pago a los grandes ejes de comunicación en torno a Madrid o zonas con previsión de expansión urbanística, con la excusa de que en breve éstos últimos se iban a colapsar. Pero llegó la crisis y los tráficos previstos por los promotores nunca se cumplieron.
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