Donde dije digo...

En una anterior entrada, pudimos leer como la ministra se fijó un plazo de seis meses para decidir la opción que el Ministerio de Fomento elegirá para costear la deuda de las empresas concesionarias de las radiales y varias autopistas de peaje. Pero ahora mismo las empresas concesionarias presionan y advirten que el plazo deberá ser inferior para la adopción de las medidas de apoyo económico para evitar la quiebra. Ya hay una empresa concesionaria de una de las radiales de Madrid que tiene vencidos todos los créditos con la banca desde finales de enero y está negociando aplazamientos desde entonces. Por este motivo, estas empresas dan por hecho que en la ley de presupuestos del 2012 que saldrá este viernes 30 de Marzo habrá alguna partida dedicada a estas autopistas, aunque sea de nuevo como solución provisional.

Es un muy buen negocio este de las autopistas, invierto, construyo, y si no tengo, ya no pérdidas, sino, los beneficios que tengo previstos, pues me declaro en quiebra y espero a que “Papá Estado” venga a socorrerme con el dinero del contribuyente. Riesgo Cero, Ganancias Todas.

Pero, no adelantemos acontecimientos, porque el culebrón de las autopistas se ha animado con unas últimas declaraciones del presidente de Abertis, Salvador Alemany.

Alemany que en un primer momento se autobautizó como “Salvador” de las infraestructuras de peaje de este país hace una semana, ahora da marcha atrás, y “Donde dije Digo, digo Diego”. En sus declaraciones, indicó:

 “Cuatro son las variables que les afectan. En primer lugar, son autopistas al lado de autovías y que, por tanto, necesitan tráficos crecientes brutales para ser rentables. En segundo término, el coste de las expropiaciones para ponerlas en marcha fue elevado. El tercer punto es que algunas tienen un diseño no adecuado, que quizá se podría corregir en términos de longitud y enlace con otras autopistas. Y por último, les afecta especialmente la caída del consumo por la crisis. Esto las pone en enormes dificultades. Todo el mundo deberá arrimar el hombro para que superen la crisis (…) En las soluciones habrá que restablecer el equilibrio, asumiendo quien las tenga que asumir las pérdidas correspondientes. Le corresponde al ministerio de Fomento tomar la iniciativa y estudiar la solución. Mientras no se pronuncie, no se puede ir más allá.”

O sea, ninguna razón nueva que no se haya dicho en este blog, pero sorprendente que ahora Alemany pida ayuda al Ministerio de Fomento para arreglar el desaguisado de las  autopistas y radiales.

La titular de Fomento recuerda que la situación de las concesiones de autopistas es "compleja", con varias de ellas al borde de la quiebra por los descensos de los tráficos (menos del 40 % de los previstos) y por los altos costes de expropiación (más de un 175 %) y estudia medidas para solucionar el problema de algunas autopistas de peaje -como las radiales R2, R3, R4, R5, el Eje Aeropuerto (M-12), la circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Las concesionarias de estas vías, suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son  Acciona, Abertis, Globalvía (FCC  y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL. 

La precaria situación financiera de las autopistas privadas despierta muchas dudas en el sector de las empresas concesionarias, en su mayoría constructuras, aunque el presidente de Abertis, que es la mayor empresa de autopistas de España,  quiere aclarar que “no debemos alimentar el planteamiento de que se rescatarán las radiales; no podemos establecer esa relación causa-efecto”.  Por un lado, pide ayuda al Ministerio y por otro dice que no se va a pedir ayuda. ¿En qué quedamos?

Y es que, la idea principal de Abertis es que se le permita la compra de las participaciones de las empresas de las autopistas deficitarias siempre que se aumente los plazos de concesión de explotación de éstas, a lo que la ministra de Fomento, Ana Pastor, parece estar de acuerdo, quitándose de encima una posible nacionalización de estas infraestructuras, que iría en contra de la política liberalizadora del Partido Popular. Entre las medidas que contempla el Ministerio ya hablamos que eran, además de la de alargar los plazos de concesión, la de las fusiones entre concesiones y modificaciones legislativas y, si la compañía continúa en situación crítica, será asumida por el Estado. Gobiernos Autonómicos como el Catalán o Gallego apoyarían  la primera o segunda medida, pero no que el estado asuma las pérdidas de las concesionarias. Traducido geográficamente, la propuesta, que formaba parte de un conjunto de posibles soluciones expuestas por la ministra el martes pasado, equivaldría a pagar más tiempo peajes en Cataluña, Valencia y el País Vasco, sobre todo, donde se encuentran las autopistas más rentables, para evitar la quiebra de nueve concesiones ubicadas en las radiales de Madrid y en Andalucía, básicamente. Así el diputado del grupo parlamentario catalán Pere Macías recriminó a la Ministra que le parece "injusto y desigual" que regiones como Cataluña, Comunidad Valencia, Murcia o Galicia, que "ya llevan 30 años pagando" los peajes de sus carreteras, asuman ahora "el peso de unas autopistas inviables” para compensar así las pérdidas de otras como algunas radiales, con problemas económicos.

Con este panorama, el Ministerio reconoce su interés por asistir a la privatización de infraestructuras (léase autopistas, aeropuertos y hospitales, entre otros). Y Alemany da un tirón de orejas, ahora que se mantiene como el que mejor saldrá parado de todo este embrollo, tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas, a las que acusa de no haber sido suficientemente rigurosas con sus pasadas inversiones, que ahora son un auténtico agujero, como ocurre con las radiales, que han registrado una caída 22,4%, frente al descenso del 8,2% del conjunto de las vías en los distintos países desde que comenzó la crisis, en 2007, y que ahora tanto los accionistas como las concesionarias, los bancos, la sociedad y la administración deberán arrimar el hombro porque el prestigio del sistema concesional español lo requiere. Pero si hace unos días insinuaba que Abertis participaría en el rescate de las autopistas radiales de Madrid, ahora lo niega.

El modelo concesional español está enfermo y los remedios que aplicaría Salvador Alemany,  empieza por eliminar desequilibrios entre comunidades autónomas, aplicando el mismo rasero en todo el país. Esto implica la tarificación de carreteras de alta capacidad, es decir, su privatización, un paso que el Gobierno está considerando.

El interés por las posibles privatizaciones que puedan salir a concurso, tanto dentro como fuera de España, exige, no obstante, una "mayor exigencia de rentabilidad y seguridad de los proyectos". "Las Administraciones que pongan en marcha nuevas infraestructuras deberán tener en cuenta el coste-beneficio, también de orden social", ha agregado.

El presidente de la patronal de concesionarias Aseta, José Luis Feito, ha calificado de "aberración" que el 80 % de las autopistas españolas no tengan peaje y ha asegurado que la financiación de estas vías es insostenible por lo que se debe abogar por implantar el pago por uso de la vía y ha subrayado que es una "anomalía" que en un país como España los peajes representen sólo el 20 % del sector y ha indicado que en uno o dos meses habrá soluciones al respecto. La actual situación, ha añadido, ha generado un equilibrio "inestable" e "ineficiente" que ha impedido además que exista un sistema de precios que pueda regular la congestión.

Por ello, y dado que es insostenible financiar presupuestariamente una red de alta capacidad como la española, de más de 12.000 kilómetros, el presidente de Aseta ha asegurado que el futuro del sector estará inevitablemente vinculado a la aplicación generalizada de un pago por uso de la infraestructura.

El también presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE ha explicado además que el modelo de financiación de las autopistas de peaje se pudo mantener gracias al "irrepetible" "boom" económico que experimentó España, que se ha endeudado a costa del crecimiento futuro.

Por tanto, podemos concluir que, pase lo que pase, y se decida lo que se decida, al final, a los que les toca pagar las infraestructuras dos, tres, o las veces que sea, es a los ciudadanos.