Esperanza Aguirre tiene otro motivo más para pedir la desaparición
del Tribunal Constitucional, tal y como hizo tras la legalización de
Sortu. El pleno del Tribunal considera que la Comunidad de Madrid ha
invadido competencias del Estado al iniciar la construcción de la
autopista radial R-1 y el cierre de la vertiente norte de la M-50 al
margen del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias (del 24 de mayo y del 5 de junio)
que traban la determinación de la Comunidad de Madrid de sacar adelante
una autovía bautizada como RM-1, al concluir que se solapa con el
trazado de la R-1 prevista por el Estado, como ya abordamos en una entrada del blog de EQUO Sierra de Madrid
La sentencia, que tumba todos los argumentos de la Comunidad, afirma
que la carretera proyectada por Aguirre no constituye realmente, ni por
su naturaleza, itinerario o funcionalidad, algo distinto de la R-1. Toma
en consideración un estudio elaborado por Fomento para concluir que la
nueva autopista coincide sustancialmente con el proyecto del Estado, que
discurre por el territorio de Madrid y de Castilla y León.
Los informes de Fomento demuestran, según la sentencia, que el
trazado recomendado por el Estado para la R-1 discurre sobre el mismo
corredor que la actuación a la que se refiere la Comunidad de Madrid
(nueva carretera R-1. Tramo El Molar-M-12). El Constitucional también
enmienda la plana a la defensa de la Comunidad al considerar que el
cierre de la M-50 y la construcción de la R-1 es competencia del Estado.
No obstante, los jueces abren la puerta a la colaboración entre ambas
Administraciones.
El Ejecutivo regional anunció en marzo que la construcción de la RM-1
costaría un 30% del precio previsto por el Gobierno central, que
pretendió hacerla por 200 millones de euros. La obra se iniciaría en
régimen de explotación, lo que significa que quien la construya podría
explotarla a cambio de un peaje. La determinación de Aguirre de seguir
adelante con la RM-1 contrasta con la crisis estructural que sufren las
otras radiales madrileñas.De hecho, el Gobierno de Mariano Rajoy busca
nuevas fórmulas de rescate para estas infraestructuras, después de que
hace dos años Zapatero les concediera un préstamo ventajoso para que
pudieran proseguir su actividad.
Desde EQUO Sierra de Madrid celebramos estas sentencias del Tribunal
Constitucional y reiteramos nuestro rechazo a la construcción de ambas
vías, denunciando el despilfarro que supone cerrar la M-50 o construir
una carretera de peaje paralela a la Nacional I para solucionar los
problemas de congestión del tráfico. La experiencia demuestra una y otra
vez que estas ampliaciones de viario sólo aumentan el problema a medio
plazo. La situación del transporte en la Comunidad de Madrid es
tremendamente insostenible y grave, y la única estrategia para revertir
esta situación pasa por la realización de un plan de movilidad
sostenible, limpio y económico, con el transporte público de calidad
como eje fundamental.
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