La
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha
propuesto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se
realice un pacto de Estado con el principal partido de la oposición, PSOE
(omitiendo al resto de fuerzas políticas pese a la estrepitosa caída de apoyosdel bipartidismo en estos últimos seis meses) para hacer una reforma en
profundidad de las administraciones públicas. La “Lideresa” propone una «revisión
de todo el Estado de las Autonomías» excusándose en que "No ha servido para lo
que se creó, que era integrar a los partidos nacionalistas vascos y catalanes,
sino para encarecer a las otras 15 regiones". Pero detrás de esta propuesta se
esconde una vuelta a la centralización del estado y una devolución de las
administraciones regionales de competencias al estado, empezando con Sanidad,
Educación y Justicia, y en cederles a los ayuntamientos Servicios Sociales e
Infraestructuras, del mismo modo que se opta por dejar en manos de los
ayuntamientos los Transportes y los Servicios Sociales, todo ello para
conseguir adelgazar la administración y ahorrar de 48.000
millones de euros, según sus cálculos.
Y
es en este punto en el que la “Lideresa” entra en contradicción. Si no es la
Comunidad la que debe hacerse cargo de las infraestructuras, ¿por qué ese
empeño casi enfermizo en llevar a cabo la construcción de la radial 1 y el
cierre norte de la M-50?
Ayer
hablamos de la última sentencia que el Tribual Constitucional ha dictado en
contra de la posibilidad de que sea la Comunidad de Madrid la responsable de
construir estas dos infraestructuras por ser el estado la única administración
competente para realizar este tipo de proyectos ya que es el Ministerio de Fomento, según el
Tribunal Constitucional, el que debe promover la obra que coincide
sustancialmente con el del Estado, y que abarca el territorio de Madrid y de
Castilla y León y, por tanto, sería “el
único competente para elaborar los estudios previos a su construcción”. Son
palabras textuales del Constitucional, que considera “incompatibles y redundantes las dos carreteras, pese a su distinta
denominación”. Así, tanto el cierre de la M-50 como la creación de la R-1,
afirma la sentencia, son competencia estatal
Aun
así, la Comunidad de Madrid ya aclara que habrá que buscar fórmulas de
acuerdo, y es que la “Lideresa” quiere seguir con el proyecto adelante, y ahora, lo tiene
fácil, con el Partido Popular en el Gobierno Central.
Por
otro lado, el secretario general del PSM, Tomás Gómez ha pedido a la presidenta
Regional que se dedique a hacer lo que le obligan sus compromisos electorales y
no se empeñe en lo que no le deja la ley, en referencia al proyecto de la
Comunidad para construir una carretera Radial R1 y el cierre norte de la M-50 y
hace una declaración con la que estoy muy de acuerdo, "se empeña en construir cosas que los
juzgados no le permiten, en vez de hacer infraestructuras necesarias",
como podría ser infraestructuras para el transporte público colectivo que tanto
prometió en anteriores campañas electorales.
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